Declaraciones impecables hoy del lehendakari, Iñigo Urkullu, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Y delirio de Juan Ignacio Zoido, exministro del Interior, que después de estar atrapado entre las preguntas de las defensas, ha hecho una salida adelante sacando las "armas de guerra" a preguntas de Vox y la fiscalía.
Su relato como testigos ha ayudado a situar el momento que se vivía en Catalunya y la complejidad que existía para desencallar la situación del proceso independentista.
Urkullu ha fijado el relato del diálogo y la negociación y ha negado la voluntad de la uniteralitat del Govern de la Generalitat.
El 19 de junio del 2017 Iñigo Urkullu y Carles Puigdemont se encontraron en la Generalitat con motivo de la conmemoración del aniversario del atentado de Hipercor y, durante las cuatro horas de reunión, el president de la Generalitat le pidió que hiciera de mediador ante "el bloqueo absoluto" con el Gobierno.
Mariano Rajoy no quiso entrar ayer a explicar hasta qué punto se negoció ni cuál fue el papel de Urkullu. Sólo dijo que se habían visto, cosa que provocó que el abogado Jordi Pina recordara al expresidente del Gobierno que estaba bajo juramento. Sin inmutarse, le dijo a Rajoy: "No se preocupe, ya nos lo aclarará el señor Urkullu". Y eso es lo que ha pasado. Urkullu lo ha explicado todo con detalle.
Urkullu ha sido tajante con la fiscalía cuando ha respondido que se estaba negociando una consulta "legal y pactada, nunca un referéndum que no estuviera basado en el respeto al ordenamiento jurídico".
Ada Colau ha desmontado el relato de la violencia del 20 de septiembre, por el que hace más de un año que están en prisión Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.
Colau ha denunciado la intencionalidad política para detener el referéndum a la fuerza: "Detrás de las cargas policiales creemos que hay una instrucción política". Y a preguntas de diferentes defensas, ha ido desmontando el relato de la violencia, ejerciendo prácticamente de perito, pero con un tono marcadamente político de denuncia de la violencia por parte del Estado y de la vulneración de derechos fundamentales.
Y ha destacado la falta, ya no de violencia, sino de desperfectos, así como la violencia del 1-O. Ha dicho que llamó a Enric Millo para parar las cargas y que Catalunya vivía una situación excepcional: "Una vez llegué a Barcelona, además de los tuits hice una declaración institucional. La situación era muy preocupante. Había una sensación de estado de excepción. Los hechos del 20-S se producen en un contexto de cosas anómalas que no habíamos visto nunca", ha relatado Colau.
La versión de la alcaldesa de Barcelona se ha confrontado con la del exministro de Interior Juan Ignacio Zoido, que ha sido el primero de la tarde.
Zoido, las armas de guerra y la mirada de Forn
El exministro del Interior Juan Ignacio Zoido ha tenido que declarar con la mirada clavada del conseller de Interior, Joaquim Forn. Y no en el cogote, sino de cara, porque Forn se ha sentado detrás de los abogados.
El nuevo argumento que hoy el ministerio se ha sacado de la manga son las armas de guerra.
Hoy Juan Ignacio Zoido, durante el interrogatorio en el juicio al procés, ha dicho que, cuando llegó al Ministerio de Interior, encontró una petición de los Mossos d'Esquadra para comprar "armas de guerra y mucha munición", como relato para avalar el alzamiento armado que prevé la rebelión y la utilización del cuerpo policial de Catalunya como un ejército. Aunque no ha detallado qué armas eran, ha descartado los lanzagranadas cuando se lo ha preguntado la fiscalía.
"Creo que fue una actuación proporcionada, vistas las circunstancias de aquel día", ha dicho el exministro de Interior nada más empezar el interrogatorio, sin dejar tiempo a que le preguntaran prácticamente nada. El exministro no ha sacado pecho. Al contrario, estaba más bien prudente o con miedo por lo que pudiera decir y no entrar en contradicción. Declaración poco firme y con muchas nebulosas que ha sembrado la duda sobre la actuación de la policía española y las decisiones del ministerio.
El testimonio técnico de Benach
El expresidente del Parlament, Ernest Benach, ha hecho un testimonio técnico, como ayer hizo Núria de Gispert, para situar el trabajo que tenía encargado Carme Forcadell y cuáles eran sus responsabilidades.
La fiscalía ha hecho un sprint para intentarlo acorralar. Pero no ha podido.
Rufián, Fachin y Domènech
Gabriel Rufián, Albano-Dante Fachin y Xavier Domènech han sido irrelevantes por lo que pueden aportar a la causa. Los tres han negado la violencia y han denunciado las cargas policiales del 1-O.
"Me chirría que dijeran que era una rebelión, porque yo fui a merendar y me parece que en una rebelión poca gente va a merendar". Así de simple ha querido negar Rufián la violencia.
El exdiputado de Catalunya en Comú Albano-Dante Fachin ha descrito que la gente que había "era bastante normal", y ha explicado que estuvo conversando con la Guardia Civil: "Les pregunté si les molestaba el humo del cigarrillo. La única preocupación que percibí y que me preocupaba era si les molestaba el humo de mi cigarrillo".
Las movilizaciones del 20-S en el Departament d'Economia eran imprescindibles. Así lo ha defendido el exlíder de los comuns, Xavier Domènech, en su declaración como testigo ante el Tribunal Supremo. "El Estado había entrado en una lógica de guerra", ha sostenido. Ha sido una de las declaraciones más cortas, a duras penas diez minutos, pero ha servido para hacer una defensa del derecho a la protesta ante la represión del Estado.
Los tres procesados
La tarde ha acabado como una pistonada. Los tres últimos testigos, Josep Ginesta, secretario general de Afers Socials, Treball i Família (ERC), Francesc Iglesias, secretario de Afers Socials i Família, y Adrià Comella, exsecretario general del departamento de Justícia y director del CatSalut, citados por Vox, han acabado yéndose a casa sin declarar por su condición de procesados en otras causas, también relacionadas con los preparativos del referéndum.
El lunes, más
El juicio se retoma el lunes, excepcionalmente. Es uno de los lunes que el tribunal ha habilitado ante el alto número de testigos, 500.
Entre los citados la semana que viene destacan el presidente del Parlament, Roger Torrent, que no ha podido declarar hoy miércoles porque se celebraba pleno en la cámara catalana.
También declararán el exdelegado del Gobierno en Catalunya, el popular Enric Millo; la exvicepresidenta de la Generalitat, Neus Munté, y responsables del dispositivo de las Fuerzas de Seguridad del Estado durante el 1-O, como Diego Pérez de los Cobos y mandos de los Mossos d'Esquadra. También declararán los propietarios de hoteles donde se alojaron los agentes de la policía española.