Entre el Palacio de la Zarzuela y el Palacio de la Moncloa hay una decena de kilómetros. Pero a veces la distancia se acorta hasta tocarse, bien alineados. Cuando hay una amenaza, o tan sólo una percepción de amenaza, todos los poderes del Estado se conciertan y cierran filas. El ejemplo más reciente y evidente es la aplicación del artículo 155, que unió a PP, PSOE y Ciudadanos en torno a una misma mesa. En su libro Manual de resistencia, que ha llegado a las librerías este martes, Pedro Sánchez describe la suspensión del autogobierno como "un bálsamo para la sociedad catalana", y reivindica que desde el primer momento trazó con Mariano Rajoy "la hoja de ruta del 155". Pero no sólo cierra filas con el gallego.
En la autobiografía, el presidente español también dedica unas líneas al discurso incendiario del rey Felipe VI el 3-O, el del a por ellos. "Siempre he visto al rey muy empático con Catalunya", escribe Sánchez, que recurre al absurdo: "El independentismo le está tratando injustamente, porque se ha expresado con frecuencia en catalán cuándo ha ido allí". Y le apoya en su intervención televisiva: "Su discurso fue el propio de un jefe del Estado (...) ¿Qué pensaban qué iba a hacer el rey? ¿Santificar la ruptura del país? Es absurdo".
Fragmento del libro Manual de resistencia, de Pedro Sánchez
El mismo patrón se ha repetido esta semana, ya en pleno juicio del procés en el Tribunal Supremo. Este miércoles, aprovechando la clausura del Congreso Mundial del derecho, Felipe VI envió su mensaje, sin hacer ninguna referencia explícita pero sin ninguna ambigüedad: "No es admisible apelar a una supuesta democracia por encima del Derecho, porque sin el respeto a las leyes no existe ni convivencia ni democracia, sino inseguridad, arbitrariedad y, en definitiva, quiebra de los principios morales y cívicos de la sociedad".
Las placas tectónicas volvieron a moverse ante la interferencia monárquica en la justicia, y Moncloa volvió a alinearse con Zarzuela. Antes incluso del turno de preguntas, después del Consejo de Ministros de este viernes, la portavoz española Isabel Celáa recogió el guante y aplaudió la intervención del monarca. "Lo saben las fuerzas independentistas, que no han logrado ninguna de sus exigencias inconstitucionales", proclamaba Celáa la misma semana que, ya convocadas las elecciones del 28-A y rotura el diálogo, la Moncloa subía el tono contra el independentismo. "Ustedes nunca quisieron dialogar, tienen miedo a dialogar", reprochaba Sánchez el martes desde el Senado, y acusaba al independentismo de "planteamientos infantiles".
Estos movimientos se producen en paralelo al naufragio de la causa sobre la rebelión construida por la fiscalía al Tribunal Supremo. El relato ya empieza a hacer agua, a deshacerse. Esta semana han ido pasando acusados a declarar delante de los magistrados y las acusaciones han centrado todos sus esfuerzos en la malversación. No ha sido hasta el décimo de los acusados que ha declarado, el expresidente de la ANC Jordi Sànchez, que el fiscal Javier Zaragoza ha intentado probar el delito más grave del Código Penal, y tampoco ha acabado de lograrlo.
Moncloa y Zarzuela hacen frente común contra el independentismo mientras el relato de la rebelión hace agua
Hasta el momento, la de Sànchez ha sido la declaración más larga: unas cinco horas. Incluidas tres horas de un duro interrogatorio del incisivo fiscal Zaragoza. Aparcó la malversación —que no tiene sentido con los Jordis— y se centró en la rebelión. A pesar del relato elaborado sobre el 20-S, a duras penas tenía unas coches de la Guardia Civil dañados para justificar la "violencia" requerida por el tipo penal. Con habilidad, su abogado Jordi Pina hizo proyectar en la sala imágenes de la violencia de la policía española para detener el 1-O, de las famosas escaleras del instituto Pau Claris. Las acusaciones tendrán que sudar mucho para probar un alzamiento violento del independentismo.
La rebelión hace agua y el derecho de defensa de los acusados se ha visto perjudicado. La voluntad de ir a toda prisa para no solaparse con las campañas electorales se ha convertido en un despropósito. El miércoles, pasaron más de catorce horas en dependencias judiciales para una jornada maratoniana de declaraciones. Los presos, que se habían levantado a las seis de la mañana, llegaron a Soto del Real y Alcalá-Meco a las once de la noche. Como explicaba El Nacional, ni siquiera pudieron ducharse ni cenar. La expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, que tenía que declarar al día siguiente, ni siquiera durmió.
Ante este despropósito, el presidente de la sala, Manuel Marchena, se puso la venda antes de la herida para no exponerse más a la mirada del Tribunal de Estrasburgo y ha aplazado las últimas dos declaraciones a la próxima semana. Mientras tanto, los observadores internacionales van entrando a la sala como público —ante el veto del Supremo— y van tomando nota. Ya consideran "inaceptable" que no tengan derecho a doble instancia, y el relato del alzamiento violento no lo compran. En este contexto se explican iniciativas como la "célula de acción rápida" del ministro Josep Borrell para salvar la "reputación de España".
La voluntad de ir a toda prisa para no solaparse con las campañas electorales se ha convertido en un despropósito que ha perjudicado el derecho de defensa.
Si el juicio del procés ya hacía convulsas estas semanas, las elecciones españoles del 28-A añaden más leña al fuego. La apuesta de Sánchez es muy arriesgada. En los mejor de los casos, ante el cordón sanitario que le ha impuesto a Albert Rivera esta semana, el presidente español reforzará su posición dentro del bloque de la moción de censura. El portavoz del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, ha hecho bien en regalarle La formació d'una identitat, del historiador Josep Fontana, de cara a los puentes dinamitados que tendrá que reconstruir con el independentismo si vuelven a ser decisivos después de pasar por las urnas. Por si no le basta con el Manual de resistencia.