La flamante presidenta del Congreso, Meritxell Batet, sabía perfectamente que sobre la mesa de su nuevo despacho le esperaba una patata caliente: la suspensión de los diputados que están encarcelados y juzgados por el 1-O. El presidente de la sala que los juzga, Manuel Marchena, ha evitado tomar una decisión al respecto y el viernes envió a la Cámara un oficio para que sea el Congreso quien ejecute la suspensión, en virtud del artículo 21 del reglamento. Según este artículo, un diputado queda suspendido de sus derechos y deberes parlamentarios cuando se encuentre "en situación de prisión preventiva y mientras dure esta".
Batet, sin embargo, ha decidido volver a enviar la pelota al tribunal y ha pedido al presidente del Supremo, Carlos Lesmes, un informe de la Sala que preside Marchena sobre la aplicación del artículo 384bis de la ley de enjuiciamiento criminal (LeCrim), de la cual se tendría que desprender la suspensión de los diputados por el hecho de estar en prisión provisional por delito rebelión. Este es el mismo artículo que invocó el juez instructor, Pablo Llarena, para suspender a los diputados del Parlament.
La conclusión siempre es la misma, suspender a los presos. La cuestión es quien asume esta decisión. Más todavía teniendo en cuenta que este movimiento alterará de manera muy substancial la aritmética parlamentaria del Congreso.
Precisamente, esta mañana la fiscalía ha presentado un escrito ante de la sala que juzga el procés reclamando que se comunique a las Cortes que tiene que proceder a la aplicación inmediata del artículo 383bis de la ley de enjuiciamiento criminal (Lecrim) y suspender de funciones a los cinco parlamentarios presos que han tomado ya posesión de su escaño.
De hecho, en los pasillos del Congreso se daba por descontado que la Mesa se reuniría ayer mismo por la tarde, después de la designación de sus miembros en el pleno de la mañana, para activar la suspensión a partir de un informe de los letrados. No obstante, la reunión de la Mesa para abordar esta tema se ha pasado al jueves.
En medio de este pulso entre el Congreso y el Supremo se ha reanudado el juicio después del paréntesis en las sesiones que se abrió para que los presos pudieran formalizar el lunes los trámites como diputados electos y el martes participaran en el pleno de constitución de las Cámaras para hacer juramento del cargo y acatar la Constitución.
O sea, que a partir de este miércoles, finalmente, Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull se sientan ante el tribunal con todas sus prerrogativas como diputados del Congreso mientras que Raül Romeva lo hace con su condición de senador plena.
Y así será hasta que se adopte alguna decisión sobre quien asume la responsabilidad de la suspensión. Todo ello a las puertas de las elecciones de este domingo, en las cuales, por cierto, toman parte dos de los presos, Oriol Junqueras, que encabeza la lista de las elecciones europeas, y Joaquim Forn, candidato a la alcaldía de Barcelona.