La de Mireia Boya era una de las declaraciones más esperadas de este lunes en la sala del Supremo que juzga el procés. La exdiputada de la CUP se ha presentado ante el tribunal con su abogado, una camiseta con el lema Feminismo para cambiarlo todo y un lazo amarillo. Dentro de la sala, seguía su declaración el exlehehdakari Juan José Ibarretxe, que ha querido asistir al juicio para apoyar a los presos. Sin embargo, el lehendakari no ha sido autorizado a saludarlos aprovechando la pausa del juicio al mediodía.

Boya ha explicado que los llamamientos a concentrarse en protesta por los registros del 20-S no tenían como objetivo impedirlos; que aquella noche Jordi Cuixart y Jordi Sànchez pidieron ayuda a las representantes de la CUP para disolver la concentración; que mantuvo una discusión subida de tono con Sànchez porque no estaban de acuerdo; y que cuando se subieron encima del coche de la Guardia Civil el vehículo ya tenía destrozos.

Pero el tribunal no ha demostrado especial entusiasmo en escuchar su relato. La principal preocupación del presidente de la sala, Manuel Marchena, parecía más bien marcar muy de cerca a la testigo, y cortarla cada vez que la exdiputada iba más allá de los hechos para entrar en las razones de la protesta. "Todos los añadidos sobran", le ha advertido al juez.

Marchena ha frenado también a la abogada de Cuixart, Marina Roig, con uno "eso ya lo ha explicado", cuando intentaba insistir en las esfuerzos de Cuixart y Sànchez por desconvocar la concentración .

Con todo, la exdiputada cupaire ha aprovechado para tildar de "atentado contra la CUP como partido político" el intento de la Guardia Civil de entrar en la sede de la formación anticapitalista; ha enmarcado en la "desobediencia civil no violenta" las protestas que se produjeron aquel 20-S; y ha explicado que delante de la sede de Economía había gente que representaba la transversalidad del movimiento independentista y soberanista -dado que había personas no estrictamente independentista. "A ver, formule la pregunta", ha cortado Marchena.

Cuando ha llegado el turno de las acusaciones, uno tras otro, el ministerio fiscal, la abogada del Estado y la acusación popular, de Vox, han rechazado plantear ninguna pregunta a Boya. No les ha interesado ni qué vio aquel 20 de septiembre en la conselleria de Economía ni qué hacía la entonces diputada encima de un coche de la Guardia Civil. Y aquí ha acabado la declaración de Boya, que ha abandonado la sala sin poder cruzar un saludo con los presos, a pesar de intentarlo.

Ibarretxe escuchaba desde la primera fila del público. A su derecha, el conseller de Territori, Damià Calvet, a la izquierda, su txapela negra. No ha querido hacer declaraciones en el receso de la sesión. Ha asegurado que sólo venía al Supremo para dar un abrazo a los presos y ha lamentado la injusticia que esta situación representa para ellos que han visto su vida interrumpida de una manera tan brusca. A pesar de que no ha podido saludar a los presos, Ibarretxe antes de marcharse ha publicado un tuit apoyándoles con un "¡Yo sí os creo!" en catalán, castellano y euskera.

La falta de interés que han demostrado las acusaciones delante de Boya, ha contrastado acto seguido con el detallado interrogatorio a que han sometido al director del Gabinete Jurídico de la Generalitat, Francesc Esteve, y a la directora general de Contratación Pública, Mercè Corretja. La malversación ha sido el elemento central de estas declaraciones.

El director del gabinete jurídico ha asegurado que el exconseller de Presidencia Jordi Turull le ordenó en una conversación el mismo 20-S en el palau de la Generalitat cumplir todas las órdenes judiciales y facilitar la actuación de las comitivas policiales encargadas de los registros. Esteve, que está siendo investigado por el juzgado 28 de Barcelona por el concurso para la compra de urnas, ha asegurado que no han detectado ninguna actuación administrativa que haya comportado gasto o compromiso de dinero público para la organización del referéndum.

En el caso de la directora de Contratación, el detalle a que han llegado las preguntas y la frondosidad de su prolija explicación ha acabado sacando de quicio a Marchena que ha llegado a reclamado una pregunta por "aliviar" el alud de explicaciones con que ha inundado la sala.

Esto no ha hecho desistir Corretja que, a pesar de las reclamaciones del presidente del tribunal ha insistido en desplegar detalladas descripciones de contratos y procedimientos de la Administración catalana, y se ha ofrecido a hacer todas las explicaciones que hicieran falta. "No es necesario, no es necesario", frenaba Marchena.

La conclusión de la responsable de contratación es que "la ley catalana de transparencia es mucho más exigente que la española" y que de todas las búsquedas que han realizado no han encontrado ningún contrato vinculado con el 1-O.