Cristóbal Montoro, el ministro de Hacienda de Mariano Rajoy, ha mantenido que las cuentas de la Generalitat estaban intervenidas. Y ha dejado claro que todo el conjunto de los fondos estaba controlado, en total 28.534.000 euros. Montoro ha negado el delito de malversación claramente crispando a la fiscalía.

"Implicaba un control absoluto de todos los pagos y créditos utilizados por el sistema presupuestario de la Generalitat de Catalunya. En definitiva, eso quería decir que todos los fondos estaban controlados", ha explicado Montoro y ha remarcado que el sistema no se había aplicado nunca en el estado español. "Era un control absoluto hasta el punto que sustituimos la administración general autonómica", ha detallado.

Montoro ha comparecido con el informe de Hacienda del 2018 que consta en el sumario.

El exministro también ha querido aclarar que los informes de la Guardia Civil y los investigadores han contado con el asesoramiento del Ministerio de Hacienda. "Se formó un equipo humano para asesorar las investigaciones policiales y judiciales. Pero una cosa es el control y la otra cosa son las investigaciones que se hacen en tribunales y fiscalía", ha matizado. Montoro ha querido mostrar que es compatible controlar las cuentas, pero que pueda haber alguna irregularidad y que por eso se interpusieron algunas denuncias. Con todo, el único elemento que ha sido capaz de apuntar como presunto hecho ilícito ha sido la utilización de espacios públicos.

Montoro ha explicado que el control legal que se aplicó en noviembre del 2015 mensualmente se intensificó y se aumentó el control y "obligar a que la Generalitat hiciera el control de manera semanal", a partir del 2017. El exministro ha recordado que Oriol Junqueras le comunica que no pasará este control semanal.

"La reacción del Gobierno no fue responder con una carta, sino con una decisión", ha expuesto Montoro para explicar que fue entonces cuando se intervinieron totalmente las cuentas. Y el exministro ha expuesto que no entiende cómo se puede montar un referéndum sin presupuesto.

"Toda la Generalitat está intervenida", ha remarcado y ha declarado que las urnas no se pagaron con dinero público.

"Vi inicios de prevaricación porque unos funcionarios públicos convocaban actos para abrir locales públicos. Y evidentemente se estan utilizando recursos públicos para una finalidad ilegal. Existe motivo claro de prevaricación", por eso intervino las cuentas el ministerio, según Montoro.

Después se ha querido curar en salud o se ha contradecido diciendo que "a veces los procedimientos contables son complejos" y su obligación "es estar presentes en las investigaciones" y ha argumentado que "las actividades del Diplocat ya están denunciadas por el Ministerio de Hacienda" y que "hicieron denuncias en relación a una posible malversación".

"En términos periodísticos y anuncios públicos, a veces simplificamos demasiado los asuntos complejos, pero no me parece bien que los funcionarios para que abran locales públicos por hechos ilícitos, si eso no es un delito, ya no sé lo que es. ¿Cómo no va a haber malversación?", ha dicho Montoro a preguntas del abogado de Carles Mundó, Josep Riba, mostrando este hecho como único posible que avalaría el delito de malversación.

Sobre la sospecha que sobrevuela Unipost por la publicidad, las papeletas y las notificaciones de los miembros de las mesas, Montoro no se ha podido explicar mucho. Y no ha podido aclarar si sabe si hay facturas pagadas a la empresa de mensajería.