El juicio al expresidente del Parlament Roger Torrent y otros tres miembros soberanistas de la Mesa (Josep Costa, Eusebi Campdepadrós i Adriana Delgado), programado para el miércoles que viene, vuelve a estar en la cuerda floja. La fiscalía ha interpuesto un incidente de nulidad con respecto a la última resolución de la sala de recusaciones, conocida como la sala 77, porque aceptó apartar al magistrado Carlos Ramos del tribunal, tal como le pidió el exvicepresidente de la Mesa, Josep Costa. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha informado este jueves de que la sala de recusaciones antes de admitir la petición de la fiscalía ha dado 10 días a las partes para que lo valoren. La fiscalía ha informado ElNacional.cat que no ha solicitado la suspensión del juicio de la mesa del Parlament. Así, pues, es el tribunal formado para juzgar la Mesa quien tiene que resolver si acuerda la suspensión de la vista, si considera que está cuestionada su composición con esta última acción de la fiscalía.
El TSJC ya se vio obligado a suspender el juicio de la Mesa del Parlament el julio pasado, cuando la sala 77 aceptó la recusación del presidente del TSJC, Jesús Maria Barrientos, un hecho muy excepcional, y en agosto la de Carlos Ramos, las dos impulsadas por Josep Costa, con el apoyo del resto de encausados. Finalmente, este septiembre se conformó el tribunal de enjuiciamiento, donde no hay ningún miembro de la sala de lo civil y penal del TSJC, después de un llamamiento a magistrados inscritos a la lista anual de voluntarios. El tribunal es formado por Carles Mir, magistrado de la sala de apelaciones del TSJC, que será el presidente; la magistrada Marta Pesqueira Caro, titular del juzgado de Primera Instancia 47 de Barcelona, que sustituye a Jesús Maria Barrientos, y el magistrado Francisco Segura Sancho, que forma parte de la sala de apelaciones civil y penal del TSJC, que a principio de septiembre indicó que estaba disponible para conformar el tribunal y sustituir a Ramos. Inicialmente, el juicio se ha programado para los días 5, 6 y 7 de octubre en el Palacio de Justicia.
Los motivos de recusar al juez Ramos
En la actual polémica sobre la recusación del magistrado Carlos Ramos, la fiscalía comparte el criterio expresado por dos magistrados de la sala 77, en dos votos particulares, que aseguran que no había motivos para apartarlo del juicio de la mesa del Parlament. Sostienen que la resolución de sus compañeros de tribunal, presidido por el magistrado Javier Aguayo, no es ajustada a derecho y que tiene vicio de nulidad.
En concreto, cuatro de los seis magistrados de la sala 77 del TSJC aceptaron la recusación de Carlos Ramos al aceptar el posicionamiento de Josep Costa que el magistrado habría perdido la apariencia de imparcialidad porque en el informe que realizó para rehusar su recusación habría usado calificativos y expresiones despectivas hacia Costa. Una de ellas decía: "Es extraordinariamente confusa, con razonamientos truncados y plagados de hipérboles injustificadas", haciendo referencia al escrito de Costa, que se defiende a él mismo, sobre los motivos que consideraba Ramos un juez no imparcial.
Los dos magistrados contrarios a apartar Ramos consideran que estas expresiones no son tant graves para cuestionar su imparcialidad, y sobre todo, apuntan un tema técnico. La magistrada Estafanía Pastor afirma que la recusación de Ramos ya fue denegada en una resolución del 30 de junio de 2022 y que es firme, pero Costa insistió en la recusación a raíz del informe de Ramos. Para la magistrada, haber aceptado la recusación "posibilitaría recusaciones en cascada", ya que cada recusación requiere el informe del juez recusado y si su contenido, a juicio de las partes, no es ajustado, pueden pedir que se abra un nuevo incidente de recusación.
El delito de desobediencia en el 2019
En este juicio, la Fiscalía Superior de Catalunya pide una condena de un año y ocho meses de inhabitació de cargo público para el expresidente de la Mesa y actual conseller de Empresa, Roger Torrent (ERC), y en los exmiembros de Junts Eusebi Campdepadrós, actual secretario de la Administración de Justicia, y Josep Costa por un delito de desobediencia al Tribunal Constitucional (TC) al haber permitido un debate sobre la independencia de Catalunya y contra el rey en el 2019. Y solicita un año y cuatro meses de inhabilitación para Adriana Delgado (ERC), al participar en una de las dos votaciones.
Ahora, los tres magistrados del tribunal de enjuiciamiento del TSJC tienen que resolver si se sienten interpelados por este procedimiento paralelo abierto por la fiscalía a una semana del juicio.