Las anotaciones de los observadores internacionales que siguen desde el Supremo el juicio al procés empiezan a acumular toques de atención "muy preocupantes", según Iñaki Rivera, director del Observatorio del Sistema penal y los Derechos Humanos y miembro de International Trial Watch. Entre las señales de alarma que destacan aparecen algunos de los vetos del presidente de la sala, Manuel Marchena, a los interrogatorios y a la emisión de vídeos y exhibición de pruebas.
En declaraciones a El Nacional este experto en derechos humanos pone en cuestión la consideración de impertinencia que plantea Marchena sobre algunos interrogatorios. "El presidente, en reiteradas ocasiones, deniega a algunas partes la posibilidad de interrogar testigos propuestos por otra parte sobre hechos diferentes a los argumentados", reprocha Rivera. Este fue el caso, por ejemplo, del interrogatorio al presidente del Parlament, Roger Torrent, al cual no se pudo preguntar sobre el 20-S, aunque estaba en la Conselleria d'Economia aquel día, porque había sido convocado por las acusaciones en virtud de su cargo de responsable de la Cámara.
"Alguna cosa similar pasa con la negativa –siempre a las defensas- de la exhibición de documentos y vídeos. Eso es muy grave en aspecto procesal probatorio dado que no se puede verificar la credibilidad de testigos con rigor si no se puede confrontar sus declaraciones con otras preguntas, con la exhibición de documentos u otros elementos, materializando el principio de contradicción propio de la jurisdicción penal", denuncia.
El argumento de que esto se hará en fase de prueba documental no se puede aceptar, en opinión de este experto, dado que entonces ya no estarán los testigos presentes en el juicio para confrontar posibles contradicciones muy importantes que están ya pasando sin ser sometidas a contraste procesal.
Rivera insiste en que esto pasa especialmente cuando emerge el tema de la violencia policial contra los votantes del 1-O y advierte que esta situación "pone en tela de juicio el derecho de defensa, de igualdad de armas y, en definitiva, el derecho a un juicio justo previsto en el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos."
Antecedentes de De los Cobos y Trapote
No es este el único reproche a Marchena. Iñaki Rivera considera "sorprendente" que el presidente de la sala "olvidara" preguntar el lunes al coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos si había estado procesado, tal como hace con el resto de testigos.
De los Cobos, coordinador del dispositivo policial del 1-O fue procesado por maltratos a un preso acusado de pertenencia a ETA que estaba hospitalizado. Finalmente, el coronel fue absuelto.
El presidente de la sala no le planteó esta cuestión cuando empezó el martes su interrogatorio, pero sí lo hizo al día siguiente, cuando tuvo que volver a comparecer. El coronel explicó entonces que había sido procesado y que tuvo sentencia absolutoria. No dio más detalles, lo cual, recuerda Rivera, contrasta con otros testigos como Artur Mas que sí especificó su caso.
Tampoco la respuesta del exdirector del CNP en Catalunya Sebastián Trapote esta misma mañana sobre sus antecedentes ha satisfecho al observador. "A preguntas sobre las generales de la ley, parece que olvida la muerte del obrero Herrero el 1974", denuncia Rivera en relación a la muerte del obrero José Luis Herrero, por la cual fue investigado Trapote, a pesar de que el caso fue sobreseido en aplicación de los indultos de 1975 y 1977.
Banalización de la violencia
Igualmente, provoca preocupación entre los observadores la forma como De los Cobos y otros responsables del aparato policial interrogados, entre los cuales cita a Enric Millo y José Antonio Nieto, han tratado el "concepto de violencia".
El experto en derechos humanos denuncia el "absoluto desprecio" que representa tratar "el ejercicio de derechos fundamentales, la libertad de expresión y de manifestación como acciones violentas que utilizan como escudos humanos a niños y personas mayores". Pero también señala como un punto "de muy especial atención" lo que describe como la "negación o banalización de la violencia policial desplegada el 1-O".
Comunicación entre testigos
La comunicación entre testigos que obtienen información previa a través del visionado de los otros comparecientes también inquieta a los observadores. "Eso ha sido decisivo a la hora que cada subordinado en el ámbito policial haya comparecido en días diferentes a lo que previamente habían declarado sus jefes. Parecía todo perfectamente encajado, lo cual pone en tela de juicio la falta de espontaneidad a que alude la jurisprudencia que prohíbe la comunicación y contaminación de testigos," advierte.
Juicio político
También llama la atención de Rivera que se permitan tantas preguntas sobre el derecho parlamentario y el funcionamiento de la Cámara catalana, "eso no sólo cuestiona el principio de inviolabilidad parlamentaria sino que revela el carácter fundamentalmente político del juicio, por encima de elementos propiamente jurídico penales".
Cansancio extremo de los presos
Otro elemento de inquietud es el "cansancio extremo" de los presos, fruto de jornadas larguísimas de juicio, que este lunes y martes acumularon más de 10 horas de permanencia de los procesados en el Tribunal. "He podido ver in situ los evidentes gestos de cansancio de los acusados, lunes y martes especialmente, cogiéndose la cabeza con las manos, mal sentados y medio echados algunos en sus bancos tras los abogados", explica.
El experto en derechos humanos tuvo oportunidad de hablar con algunos de ellos al acabar la sesión del martes para confirmar esta situación. Al abandonar el Supremo, además, "todavía les quedaba una hora y media para llegar a la prisión, pasadas ya las 22 horas, con una cena fría que les esperaría en el comedor vacío y con pocas horas de descanso". "El cansancio acumulado va siendo ya muy evidente y puede hacer mella en algunos", advierte.
Rivera subraya que en la cuarta semana de juicio los observadores nacionales e internacionales de la plataforma International Trial Watch siguen sin disponer de unos sitios reservados. "Tenemos que estar cada día desde las 6 de la mañana en las puertas del Supremo para poder entrar en la sala a las 10 y después comprobamos que siempre hay muchos lugares sin ocupar, lo cual interpretamos como un desprecio hacia el trabajo riguroso de observar e informar", denuncia.
Asimismo, reprocha que dentro de la sala han detectado personas del público con teléfonos móviles "en actitudes de visible utilización", cuando es obligación dejar los dispositivos telefónicos a la policía en la entrada.