La fiscalía pide llevar a juicio el president, Quim Torra, por un delito de desobediencia por no haber sacado la pancarta de los presos políticos y exiliados del Palau de la Generalitat durante la campaña electoral.
Pide 30.000 euros de multa e inhabilitarlo para que no pueda ejercer ningún cargo público.
Según el escrito de acusación del ministerio público, las pancartas y símbolos como los lazos amarillos o las banderas esteladas "son símbolos asociados con los partidos u organizaciones que propugnan la secesión o separación de Catalunya respecto de España. Así, la bandera estelada se identifica con la que correspondería a Catalunya una vez consumada la eventual secesión, mientras que los lazos amarillos representan el apoyo a los autores de las conductas que su objeto de enjuiciamiento" en la causa juzgada por el Tribunal Supremo.
La fiscalía remarca en su escrito que Quim Torra era "consciente de su obligación de cumplir lo ordenado por la Junta Electoral Central" y que aun así "desatendió abiertamente la orden".
El delito de desobediencia no conlleva pena de prisión. De ahí que la fiscalía se acoja la multa y la inhabilitación completa de Torra si es declarado culpable una vez llevado a cabo el juicio. Esto conllevaría que debería dejar el cargo de presidente en el momento que llegara la sentencia firme y que no podría concurrir en ninguna convocatoria electoral.