La fiscalía de la Audiencia Nacional ha cuestionado la imparcialidad de la Audiencia de Barcelona a la hora de juzgar al mayor Trapero y la cúpula de Interior.
"¿Realmente ustedes creen que eso no es competencia de la Audiencia Nacional? ¿Puede haber imparcialidad y serenidad si se envía el delito de sedición y rebelión a Catalunya"?, ha dicho el fiscal Pedro Rubira durante su intervención en la vista que ha motivado el abogado Jaume Alonso Cuevillas.
"Lo que se tiene que respetar siempre es la jurisdicción", ha añadido Rubira, que ha negado que haya habido arbitrariedad a la hora de hacer la instrucción del caso.
🎥 Quan la fiscalia qüestiona la imparcialitat dels jutges catalans però després sempre demana confiar en la imparcialitat de la justícia espanyola 🌈 pic.twitter.com/4ZNorA5QkQ
— Judici a la Democràcia (@ElJudici) 5 de febrer de 2019
La fiscalía explica que se acepta la competencia de la Audiencia Nacional porque el Govern de Catalunya pretende proclamar la república a través de un referéndum ilegal. El fiscal Pedro Rubira ha defendido que la Audiencia Nacional siempre ha mantenido su criterio no sólo para la instrucción sino también para el juicio.
Cuevillas, abogado de quien fue secretario general de Interior, César Monte, ha provocado una vista para intentar llevar el juicio del mayor Josep Lluís Trapero y la cúpula política de los Mossos d'Esquadra. A la petición se ha sumado Pere Soler, ex director general de la policía, acusado también en este procedimiento.
Pero el mayor Josep Lluís Trapero, principal acusado, se ha desmarcado de esta estrategia de defensa. Su abogada no ha entrado a considerar esta posibilidad y ni tan sólo ha intervenido en la vista que se ha hecho esta mañana en la Audiencia Nacional.
Las defensas, muy técnicas
Cuevillas, durante una intervención de un cuarto de hora escaso, ha expuesto que "todas las sentencias sobre sedición se han llevado a cabo en audiencias provinciales", y ha denunciado un "cambio de reglas" por juzgar en Madrid la cúpula de Interior cuando quien tiene la competencia es la Audiencia de Barcelona.
A su petición se ha añadido Pere Soler. Su abogado ha puesto de relieve que el criterio de la fiscalía hasta ahora era que el proceso por rebelión o sedición lo llevara el juez que marca la ley. Y ha remarcado que ninguno de los hechos se produjo fuera del territorio de Catalunya.
Sostiene que los delitos de rebelión y sedición no son contra la forma del gobierno y, por lo tanto, la Audiencia Nacional no es competente para hacer el juicio: "Porque lo que antes no lo era ahora sí lo es. Porque si antes la rebelión y la sedición no eran delitos contra la forma de gobierno, ahora se considera que sí lo son".
Olga Tubau, abogada de Trapero, ha hecho una intervención de tres segundos con una frase para decir que no se adhería y no ha querido formular ninguna alegación. Lo adelantó ya El Nacional.
Tampoco se ha adherido Teresa Laplana, la intendente que estuvo al frente del operativo del 20-S.
El tribunal resolverá los próximos días, pero todo lleva a pensar que se mantendrá la causa en Madrid, tal y como sucedió con el Gobierno y el Tribunal Supremo.