El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, corre el riesgo de quedar atrapado en un buen escándalo de espionaje en su país. Desde la semana pasada, el juez Eric Schammo investiga si Juncker, cuando era primer ministro de Luxemburgo, sabía que funcionarios a su servicio falsificaron la transcripción de una conversación telefónica para protegerlo en un caso de espionaje ilegal, según informa el diario londinense The Times.

El diario se gusta en la información, recordando que mientras Juncker negociaba el Brexit con la premier británica Theresa May, un juez de su país lo reclamaba.

Esa conversación presuntamente manipulada es la prueba central en la investigación parlamentaria y posterior juicio contra tres antiguos responsables de la inteligencia luxemburguesa (SREL). El instructor investiga si funcionarios del departamento de Juncker entregaron a la comisión parlamentaria una transcripción manipulada de la conversación entre Marco Mille, exdirector del SREL, y el mismo Juncker.

Esta conversación, registrada en un grabador escondido en un reloj, es de enero del 2007. La investigación parlamentaria y judicial sobre el caso, de 2012 y 2013. La transcripción de la conversación, utilizada en el parlamento y en el juicio contra los tres jefes del SREL, omite palabras que pueden indicar que Juncker había autorizado las escuchas telefónicas a un tercero.

"Estábamos escuchando"

En la frase omitida de Juncker dice "estábamos "escuchando", es decir, que conocía los pinchazos telefónicos. Como primer ministro, Juncker podía autorizarlas, en cambio lo negó tajantemente, tanto en el parlamento como en la posterior instrucción judicial. En aquel momento estaba en juego su futuro político. Los cambios en la transcripción se descubrieron entre los millares de documentos del caso entregados el mes pasado a la defensa de Mille y de los otros dos espías encausados.

Mille, que ahora trabaja como jefe de seguridad de la multinacional alemana Siemens, ha declarado que "la falsificación de pruebas y el engaño deliberado al parlamento, al poder judicial y, en definitiva, a los ciudadanos, son un ataque insoportable a la ley" y una "manipulación escandalosa".

En 2015, Juncker declaró como testigo en este caso. Dijo al juez instructor que "de ninguna manera se autorizó ninguna intervención telefónica completa". El juez lo refutó mostrándole la transcripción sin recortar, que, curiosamente, nadie se había advertido que era diferente de la que se había utilizado en la investigación de 2012-13.

El juez dijo a Juncker: "La conversación trata claramente sobre una intervención telefónica durante un periodo de dos días". Juncker alegó que le daba la impresión que las palabras utilizadas "eran muy confusas" y que no "podía recordar" ninguna llamada con su jefe de inteligencia autorizando un pinchazo telefónico.

No acude a declarar

La Comisión Europea apenas ha dicho que no discutirá "supuestos comentarios o documentos".

Frank Schneider, otro de los espías del SREL procesados, ha criticado que Juncker se ausentara de una audiencia programada para el martes de la semana pasada, cosa que provocó la suspensión del procedimiento.

"Se podría pensar que Juncker no se lo toma seriamente", ha ironizado Schneider, recordando que "este caso forzó a Juncker a dimitir y adelantar las elecciones en 2013". "Estoy seguro de que si puede venir a Luxemburgo a hablar con estudiantes sobre el futuro de Europa, como hizo este año en octubre, puede encontrar dos horas entre las ocho fechas que se le propusieron para acudir al tribunal".

Un portavoz de la Comisión Europea ha justificado a Juncker: "Está muy dispuesto a declarar, pero es también presidente de la CE, por lo que tenemos que encontrar una fecha que encaje con sus obligaciones institucionales".