Las defensas del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y de los exconsellers Dolors Bassa y Raül Romeva han presentado al Tribunal Constitucional un recurso de amparo ante la no aplicación de la ley de amnistía. Concretamente, solicitan que se las levante la inhabilitación para ejercer cargos públicos y la condena por malversación que el Tribunal Supremo todavía les mantiene a raíz del referéndum del 1 de octubre de 2017, por la cual no fueron indultados.
Los letrados consideran que el Supremo se aparta del principio de legalidad y no respeta la separación de poderes al interpretar la ley aprobada por el legislativo. Los escritos de las defensas ponen en valor el voto particular de una de las magistradas del Supremo, que señala que la literalidad de la ley, la voluntad del legislador y los precedentes contradicen la interpretación que ha hecho el tribunal sobre la amnistía. Por eso piden como medida cautelar que se les levante la pena de inhabilitación. Oriol Junqueras está condenado a 13 años de inhabilitación, Raül Romeva y Dolors Bassa están inhabilitados durante 12 años cada uno.
Unas consecuencias "gravísimas"
Los abogados en sus escritos son muy críticos con la actuación del Tribunal Supremo, ya que consideran que se aparta del principio de legalidad y que lo hace con consecuencias gravísimas sobre los derechos de los tres políticos, a los cuales mantiene inalterada la ejecución de penas que se tendrían que declarar extinguidas y posibilitar la rehabilitación política llena.
"El tribunal se extralimita"
Los tres dirigentes políticos alegan que el Tribunal Supremo se está extralimitando claramente de sus funciones, erigiéndose como legislador, y que se les están negando derechos fundamentales, como el derecho a ser elegidos democráticamente. Las defensas de los dirigentes independentistas piden, a fin de que el daño a los tres afectados no sea irreparable, "medidas cautelares para el levantamiento de la pena de inhabilitación para ejercer cargo público". El abogado de Junqueras y Romeva, Andreu Van den Eynde, denuncia que el Tribunal Supremo tiene la voluntad de "mantener la pena de inhabilitación absoluta a toda costa" ya que la condena del exvicepresidente y el exconseller se ha utilizado para decapitar el movimiento independentista y denuncia que está vulnerando derechos básicos como el de representación y participación política.
Con respecto a la defensa de Bassa, encabezada por Mariano Bergés, también recalca que la "forzada interpretación que hace al Tribunal Supremo" para la "inaplicación" de la ley de amnistía impide a la exconsellera ejercer sus derechos de participación política y a unas elecciones libres, y también señala los efectos devastadores que la inhabilitación tiene sobre ella, ya que le impide poder trabajar con las administraciones públicas.