Toque de atención al Gobierno. El presidente de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha advertido este miércoles al ejecutivo de Pedro Sánchez de que tendría que poner sobre la mesa la necesidad de aclarar al sonado caso de espionaje que ya ha afectado a un total de 65 personas vinculadas con el independentismo, la mayoría de ellas políticos, pero también activistas, abogados y periodistas. Con todo, después de que ayer la ministra-portavoz Isabel Rodríguez ya asegurara que el gobierno central "no tiene nada que ver" y que "no tiene absolutamente nada a ocultar" en relación con este caso de espionaje. Si bien dejó claro que están "a disposición" de la justicia, con la que colaborarán si así lo requieren los tribunales, La Moncloa ha demostrado con sus palabras que no tiene nada de interés por liderar esta investigación.
Para Junqueras, la situación no tendría que ser esta. Y es que, a pesar de reconocer que el Estado español es el único que puede tener interés para espiar a todas las personas que han sido afectadas por esta operación (el programa israelí Pegasus utilizado sólo puede ser comprado por gobiernos nacionales), ha remarcado que podría ser que no todo el ejecutivo fuera culpable. "O se hace con el consentimiento, con el permiso y bajo la orden del gobierno, o en el fondo también se está haciendo contra el gobierno", ha avisado en un debate con Pablo Iglesias a su podcast La Base. "Cuando hay una parte del Estado, si es así, que actúa contra la voluntad del gobierno, está actuando contra el gobierno". En esta línea, ha recordado que también podrían verse afectadas las conversaciones que han mantenido a los independentistas espiados con los miembros parlamentarios de otras formaciones políticas y otras ideologías. "Quien tendría que estar más interesado en aclarar los hechos es el gobierno para eliminar cualquier sombra de duda. Él mismo podría convertirse en una víctima de esta parte de los aparatos del Estado".
También los no independentistas
Pero no solo Pedro Sánchez. El líder de los republicanos también ha opinado que todas aquellas personas no independentistas también tendrían que clamar a favor de resolver el caso. "Al final, si actuamos como pide la comunidad internacional y quien no lo hace es el Estado, quien sale perdiendo es el Estado español, y no los independentistas". Se trata de la retórica que ya defendió ayer mismo, durante la comparecencia unitaria del soberanismo en el Parlamento Europeo, en que reivindicó la importancia de quedar bien ante la comunidad internacional: Esquerra Republicana quiere mantener el diálogo no tanto porque cree que el Estado acabará cediendo, sino que porque sirve para fortalecer el movimiento independentista a escala internacional. "Muchos nos miran y creen que la negociación es una herramienta útil. Cuanto más la utilizamos, más nos empoderamos ante el Estado", clamó.
Hoy lo ha vuelto a hacer. "Cuando la comunidad internacional se dirige a nosotros y al Estado, y nos pide y recomienda que exploremos a fondo la vía del diálogo y la negociación, cuando actuamos en consecuencia de lo que nos pide la comunidad internacional, y la contraparte actúa atacando directamente los derechos fundamentales de los negociadores, quien acumula capital político es el independentismo". Sin embargo, admite que "hay una parte del no independentismo y del Gobierno que prefiere perder prestigio porque cree que puede utilizar cualquier instrumento para proteger su determinado concepto de nación".
La bandera del diálogo
"La negociación es una herramienta importante, que no queremos ceder de ninguna manera a quien no se la merece. El Gobierno no se la merece, y no pensamos regalársela en ningún caso", dijo ayer Oriol Junqueras desde Bruselas, un mensaje que también ha compartido este miércoles. En esta línea, hoy ha avisado de que no regalarán "la bandera del diálogo y de la negociación a quién no se la merece". "Y está claro que una parte del Gobierno no se la merece, por muchas razones, pero también porque tienen la obligación de garantizar que la negociación tenga lugar en un ambiente en que no se espíen a personas, cargos electos, dirigentes y abogados".