El abogado de Oriol Junqueras, Andreu van den Eynde, ha presentado un recurso de súplica denunciando que el Tribunal Supremo ha desobedecido al TJUE. Las alegaciones denuncian también que el Supremo ha evitado analizar la protección de derechos fundamentales y plantean una nueva cuestión prejudicial.
Las alegaciones defienden que el tribunal presidido por Manuel Marchena no ha respetado "la inmunidad, en los términos definidos por la STJUE, manteniendo a Junqueras encarcelado". Según Van den Eynde, "el contenido de la interpretación extensiva y absoluta de la inmunidad resulta de una claridad diáfana vistos los significados que se extraen del diccionario de la RAE". Y en este sentido, el abogado explica que "la inmunidad implica el levantamiento de la medida de prisión provisional". Añade que si "el tribunal la quiere mantener después de la adquisición de la condición de miembro del Parlamento Europeo, tiene que solicitar al Parlamento Europeo que suspenda la inmunidad".
El abogado de Junqueras reprocha al Tribunal Supremo que "no puede reinterpretar la interpretación del TJUE, sino que tiene que aplicar su sentencia" y remarca: "Que la inmunidad es incompatible con la realidad del encarcelamiento es de sentido común si no se quiere vaciar de contenido la prerrogativa y atentar contra su esencia".
"La inmunidad existe o no existe y no puede defenderse una concepción de inmunidad que no sea efectiva. La inmunidad 'no efectiva' no está prevista en ninguna ley", insiste el abogado en el texto del recurso, que también denuncia que el caso genera jurisprudencia a partir de ahora y que el Supremo no puede decir que lo aplicará en un futuro y no lo hará justamente en el punto de origen de la doctrina.
Por eso, el recurso concluye que "es incontestable, y lo es también para la propia sala del TS, que el TJUE ha establecido que Junqueras tiene que ser puesto en libertad para poder cumplir los trámites posteriores a su designación como eurodiputado".
Las alegaciones reclaman que se tiene que autorizar su desplazamiento en libertad al Parlamento Europeo y que hay que suspender el juicio al procés y la sentencia que mantiene condenados entre 9 y 13 años de prisión a parte del ejecutivo de Carles Puigdemont.