"El verdadero campo de debate del procés: si España tiene o no una democracia madura y si los tribunales penales son capaces de entender que el conflicto político se tiene que solucionar por medios políticos". Así concluye el nuevo escrito que Oriol Junqueras y Raül Romeva han presentado contra su procesamiento por rebelión y malversación. Ayer el abogado Andreu Van den Eynde presentó en la Sala Segunda del Tribunal Supremo el recurso de apelación. Junqueras y Romeva ya recurrieron su procesamiento ante Pablo Llarena, que lo desestimó. Ahora, suben un grado más, y recurren a la sala de apelaciones. No es ninguna garantía de éxito, porque esta sala ha ido desestimando, también, todo lo que le ha llegado.

En el escrito de 20 páginas, el abogado argumenta los diferentes ataques a la defensa que ha habido durante todo el proceso, vulnerando los derechos y garantías de los procesados, y alerta que "no sólo se mantiene, sino que podría estar incrementándose a medida que se tramita el procedimiento y hasta niveles intolerables". Denuncia que se está llegando a un punto "peligroso" porque "se está criminalizando el ejercicio del derecho a defensa" donde se cuestiona a los mismos procesados, culpando su derecho a no declarar, tomando como prueba los atestados de la Guardia Civil "cargados de valoraciones subjetivísimas, con evidentes errores de traducción, de transcripción de evidencias y de cálculo". "En general, la neutralidad —dice el abogado— brilla por su ausencia" y vuelve a poner de relieve que la instrucción de Pablo Llarena contiene "fórmulas propias del sistema inquisitivo". Ya lo hizo en el recurso que presentó contra el procesamiento a Pablo Llarena y que este desestimó.

Sobre la prisión provisional en la que se mantiene a Junqueras desde hace 6 meses, es "sumamente contraria a las recomendaciones y estándares internacionales sobre la necesaria excepcionalidad de la prisión provisional" que cuestiona la imparcialidad del instructor.

El recurso también argumenta que la investigación está fragmentada en varios juzgados y que hay diligencias "obtenidas de forma ilícita". Eso hace que los abogados no puedan acceder al material de los procedimientos paralelos.

Criminalizar el independentismo

Oriol Junqueras y Raül Romeva critican que Pablo Llarena esté criminalizando una ideología política y reprochan a Llarena lo que ha reflejado en diferentes autos y vistas que "no existe la posibilidad de defender pacíficamente la independencia de Catalunya". Eso "demuestra una valoración política de los hechos", dice el recurso.

Y en la defensa de que ni hay rebelión ni sedición, el recurso remarca que "el proceso catalán es, por definición, un proceso pacífico y legal" y que "organizar un referéndum no constituye ningún delito".

"Los políticos no lanzaron la población contra nada ni contra nadie", dice el texto haciendo referencia al auto de procesamiento, donde para justificar la violencia que avalaría el delito de rebelión, Llarena intentó culpar a los ciudadanos que estaban en las puertas de los colegios recibiendo las cargas de la policía española. Y alerta que la "lectura de la resolución podría dar la impresión de que la ciudadanía ya no puede concentrarse, ni protestar, ni indignarse ni gritar consignas".

Rull y Boya ante Llarena

El recurso denuncia que Pablo Llarena polemiza con los investigados, haciéndoles reproches a sus respuestas cuando estas no le gustan y valora tanto el silencio del investigado como la proclamación de su inocencia como un elemento incriminatorio. El texto refleja dos ejemplos de los interrogatorios recientes.

Uno hace referencia a Josep Rull, cuando, al final de la declaración, Llarena dijo que se sentía "ofendido" por lo que había dicho.

El otro, a Mireia Boya, que defendiendo la falta de criterio del juez en el momento de dictar los diferentes delitos provocó uno de los titulares de Llarena: "Si quiere que la procese por rebelión".

La trampa a Comín y Serret

El recurso aprovecha para denunciar las argucias de Llarena para hacer volver a los consellers en el exilio. Y es que el instructor pidió a Toni Comín y Meritxell Serret que se personaran en la causa nombrando a un abogado y que se presentaran a declarar en el Supremo, cuando sobre ellos pesa una orden de detención nacional, que hará que los arresten cuando pongan un pie en España y, además, tienen prohibida la salida de Bélgica por la justicia de aquel país. "Esta táctica más cinegética que jurídica es la muestra de hasta qué punto el procedimiento discurre bajo criterios de oportunidad, que no de estricta legalidad" de Van den Eynde en el recurso.

El recurso también incluye los argumentos sobre la falta de competencia del Tribunal Supremo para investigar y juzgar el caso y defiende las plenas competencias en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.