El vicepresident Oriol Junqueras y el conseller Raül Romeva reclaman que se requiera de manera urgente a los medios que han publicado el vídeo con sus imágenes en la prisión de Estremera retirarlas y no cederlas a terceros para "cesar en la intromisión ilegítima" en sus derechos. Según la denuncia por la grabación y publicación del vídeo, a la cual ha tenido acceso El Nacional, la difusión de las imágenes, "no consentida" e "inmerecida", ha atentado contra su intimidad, dignidad y derecho a la presunción de inocencia y ha provocado sensación de indefensión y un profundo desasosiego en sus familias.
En la denuncia que este sábado han presentado contra el autor de las imágenes y la publicación del vídeo, reclaman como medida "cautelar" el envío de un "oficio urgente" a los medios que han publicado las imágenes para que se abstengan de publicar o ceder a terceros cualquier tipo de imagen, sonido o vídeo donde aparezcan los denunciantes dentro del centro y proceda a retirar los que hubieran publicado en cualquier tipo de soporte o plataforma, "cesando así en la intromisión ilegítima en los derechos de los denunciantes que se mantienen con la difusión y posibilidad de acceso de los materiales".
Autoría
La denuncia recuerda que el centro penitenciario ha iniciado una investigación interna para determinar las responsabilidades en la introducción de un aparato de grabación y su uso en "espacios prohibidos", pero subraya que "tanto los denunciantes como la mayoría de funcionarios e internos del Centro conocen perfectamente la autoría de quien los grabó".
Se trataría, según señala el texto, de un interno que "no habría vuelto de un permiso penitenciario, quebrantando la condena".
"Los citados vídeos han supuesto y están suponiendo un atentado continuo a la intimidad y la propia imagen de los denunciantes, creando un profundo desasosiego también en sus familiares, que están presenciando una continua difusión de vídeos no autorizados, grabados en cámara oculta en zonas no sólo restringidas sino vinculadas a su más estricta intimidad (celda), y evidentemente excluidas del público conocimiento".
Inmerecido e intolerable
Por todo ello, y más allá de la calificación jurídica que se dé a estos hechos, se trata, según la denuncia, de una "obtención inconsentida de imágenes privadas y conversaciones de los denunciantes, efectuadas sin autorización y utilizadas en perjuicio de estos".
El vídeo fue publicado por el diario Ara el miércoles de la semana pasada. Al día siguiente La Sexta lo reprodujo, con imágenes añadidas, haciendo burla de los presos. Sin citar este hecho concreto, la denuncia se refiere también a la "lesión al honor que habría podido producirse a través de su tratamiento posterior y modus de difusión pública".
La grabación y difusión de las imágenes, "inmerecida e intolerable", han provocado también una "sensación de indefensión evidente" ante una grabación que podría ser muy larga de sus movimientos diarios que, "atentan contra su dignidad y el derecho a la presunción de inocencia al haber sido presentados ante la opinión pública gráficamente como reclusos en situaciones y momentos privados".
El texto recuerda que tanto la legislación como la normativa del centro prohíben la grabación de vídeos dentro del centro, tanto por parte del interno como por parte del denunciado.
Estos hechos constituirían, por lo tanto, un delito de descubrimiento y revelación de secretos con la utilización de artificios técnicos con la finalidad de "vulnerar la intimidad del otro sin su consentimiento".
Ante esta situación, Junqueras y Romeva reclaman que se inicie un proceso para investigar los hechos; que el director de la prisión informe sobre la identificación y localización del preso responsable de la grabación y sobre cualquier información relacionada con el caso, y sobre si ha quebrantado la condena; y exigen que se localice al autor de las grabaciones y se le ponga a disposición judicial.
Asimismo reclaman, como medida cautelar "urgente e imprescindible", requerir a los medios que han publicado las imágenes, cuyo listado se incorpora en la denuncia, para que se abstengan de publicar o ceder estas grabaciones con imágenes de los políticos presos para "evitar la persistencia en la lesión de los derechos de los denunciantes y para evitar un daño irreparable".