El vicepresident, Oriol Junqueras, ha dado por suspendido el ultimátum del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sobre la intervención de las cuentas de la Generalitat al haber aceptado a trámite el Tribunal Supremo el recurso presentado por el Govern. El responsable económico del ejecutivo ha anunciado, además, que contactarán con las entidades financieras "por vía administrativa y notarial" para transmitirles que tienen que seguir relacionándose con "normalidad" con el Govern.

El consejo de ministros aprobó el viernes mecanismos de control de los gastos esenciales del Govern, con los cuales ejecuta una intervención de hecho de las finanzas de la Generalitat, después de que Junqueras anunciara que dejaba de enviar los informes semanales que reclama Hacienda para demostrar que no se desviaban fondos a la convocatoria del referéndum. La Generalitat presentó ayer ante el Supremo un recurso contencioso administrativo con "petición de medidas cautelares de suspensión" contra aquel acuerdo. Por su parte, el ministerio se reunió también ayer con representantes de los bancos para que garanticen que no se hace ninguna transferencia de la Generalitat para sufragar la consulta.

Durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Govern de este martes, Junqueras ha anunciado la admisión a trámite del recurso y ha apelado a la jurisprudencia del Supremo que señala que la simple admisión a trámite del recurso del Govern comporta la suspensión de la decisión del Consejo de Ministros.

El ejecutivo asegura que actuará como si sus finanzas no estuvieran intervenidas. “El Govern dispone de todos los recursos para hacer frente a todas y cada una de sus obligaciones”, ha asegurado Junqueras, que advierte de que el gobierno del Estado “no puede retener” los recursos de la Generalitat

Por el contrario, el Tribunal Supremo asegura que no es así, que la intervención no queda suspendida de manera automática a raíz de la admisión a trámite del recurso de la Generalitat.

Desde el Supremo se asegura que el Tribunal tiene que abrir un periodo de diez días, -durante los cuales las medidas del ministerio seguirán en vigor- para que las partes presenten alegaciones antes de que se tome una decisión. Estas fuentes aseguran que el recurso de la Generalitat sólo incorpora una petición para que se adopten medidas cautelares y no "cautelarísimas", que serían las únicas que forzarían a los magistrados a adoptar una decisión en 48 horas.

Por contra, el Departament d'Economia ha dado un repaso y ha enumerado la jurisprudencia que avala las palabras de Junqueras para asegurar que "la Administración General del Estado se tendría que abstener de ejecutar hasta que se pronuncie el Tribunal Supremo".

En este sentido, la conselleria argumenta que se trata de una "nulidad de pleno derecho, al haberse prescindido total y absolutamente del procedimiento legal establecido"; que si se espera a la resolución del recurso se habrá perdido su objetivo por el transcurso del tiempo; que la interposición del recurso ha sido comunicada a la Administración General del Estado; y que "ordinariamente, cuando la Administración tiene conocimiento de la petición de medidas cautelares, siempre se abstiene de continuar hasta la resolución de la pieza de medidas cautelares".

En caso de que no se atienda la jurisprudencia, la Conselleria d'Economia considera que, aparte de la impugnación material de las actuaciones que se realicen, también se podrá argumentar que "la ejecución material ha vulnerado la tutela judicial".