Cambio de criterio. La Junta Electoral de Barcelona ha permitido que la Comisión de la Dignidad celebre una de sus concentraciones periódica contra la Jefatura de la policía española de Via Laietana, aunque coincida con las elecciones europeas del 9 de junio. La Junta, con el apoyo del Tribunal Superior de Catalunya (TSJC), prohibió la concentración del 7 de mayo pasado porque coincidía con las elecciones catalanas del 12 de mayo y sostenía que en época electoral solo pueden convocar estas acciones partidos políticos, y que se podría favorecer a una formación en concreto. No sirvió de nada que Pep Cruanyes, abogado y miembro de la Comisión de la Dignidad, alegara que la concentración se celebra cada primer y tercer martes de cada mes desde hace tres años, que nunca han defendido a ningún partido político y que es para exigir que el edificio policial de Via Laietana se convierta en un centro de la memoria de las torturas durante el franquismo. Ahora la Junta electoral de Barcelona no pone objeción a la protesta al hablar solo de "represión política".
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Así, con la nueva resolución de la Junta Electoral, el próximo martes, 4 de junio, se hará la nueva concentración ante el número 43 de Via Laietana, ahora considerada legal, aunque coincide con periodo electoral. Manuel Delgado y Lluís Llach darán a su testimonio de las torturas y vejaciones vividas en esta comisaría. Habitualmente, los convocantes cortan el tráfico de Via Laietana, se concentran delante del edificio policial, se escuchan a los disidentes invitados o de sus familiares, y finalmente la abogada Pilar Rebaque lee los nombres de los policías torturadores. Ninguno de ellos ha sido juzgado por estos hechos porque les ampara la ley de Amnistía de 1977, y por ahora no se puede hacer ni con la nueva ley de Memoria Democrática española, según tribunales de Barcelona y del mismo Tribunal Supremo.
Pendientes de la Fiscalía
A pesar de la prohibición de la Junta electoral y del TSJC, el 7 de mayo pasado unas 300 personas se reunieron delante en comisaría española para exigir que esta "casa de los horrores" y de persecución de activistas y minorías sea entregada a las administraciones catalanas para hacer un centro que recuerde estas acciones, como establece la ley española de Memoria Democrática. La policía española hizo un atestado del acto, en el cual no se nombró a ningún partido ni hubo incidentes, y lo envió a la sala del contencioso-administrativo del TSJC, que validó la prohibición de la concentración. El TSJC lo ha derivado a la Fiscalía para que analice si esta desobediencia se puede considerar delictiva. Ahora, está en la mesa de la Fiscalía Superior de Catalunya.
Razonamiento cambiado
En periodo de elecciones, las juntas electorales son las que aprueban las manifestaciones y protestas que se anuncian, aunque según la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) no se tienen que restringir, ni las más molestas, si no es que se pone en peligro la seguridad de las personas. Las manifestaciones no necesitan permiso, sino que se comunican a la administración competente, que puede recomendar cambios de recorrido o medidas.
En este caso, la dirección general de la Administración de Seguridad informó la semana pasada que la Comisión de la Dignidad les comunicaba una nueva concentración para el 4 de junio con el lema "denunciar la represión franquista llevada a cabo en la Comisaría de Via Laietana 43". Y la respuesta de la Junta Electoral de Barcelona ha sido ahora que "no constituye los actos públicos de campaña electoral" que refiere la ley y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional para prohibirla, y añade que "no hay ningún obstáculo porque prosigue su tramitación administrativa".
Los responsables de la convocatoria de Via Laietana han cambiado parcialmente su enunciado y no han indicado que "se reivindica la transformación de la comisaría en un centro de memoria de interpretación de la tortura y la represión política". Un pequeño cambio con el cual ahora la Junta Electoral de Barcelona ha tenido suficiente para discernir que no es ningún acto político y, seguramente, para no volver a ser acusada de restringir la libertad de expresión en democracia.