Álvaro García Ortiz se mantiene firme al frente de la Fiscalía General del Estado. Al día siguiente de que el Tribunal Supremo comunicara que le ha abierto una causa por presunta revelación de secretos en el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, el fiscal del Estado ha reunido a la Junta de Fiscales para hacerla “partícipe” de su decisión de no dimitir, para dar las “explicaciones oportunas” y para “escuchar lo que quieran manifestar” los fiscales que forman parte de ella. La conclusión, según apuntan fuentes de la Fiscalía, es que García Ortiz ha conseguido un “apoyo personal mayoritario” de la cúpula de la Fiscalía, aunque ha habido ocho fiscales que le han aconsejado explícitamente que dimita. Otras fuentes cifran en once las voces contrarias a su continuidad. Durante la reunión, han intervenido (del más reciente en el más antiguo a la Junta) más de veinte de los treinta miembros presentes, ya que cinco de los integrantes no han podido asistir. Así pues, después de la reunión, Álvaro García Ortiz se siente respaldado por la Junta de Fiscales. Es el máximo órgano del Ministerio Público, está presidida por el fiscal del Estado y está integrada por su mano derecha (la teniente fiscal del Supremo), María de los Ángeles Sánchez Conde, y por todos los fiscales de Sala. Es el órgano, por ejemplo, que en junio avaló la orden del fiscal del Estado de aplicar la ley de amnistía a la malversación atribuida al referéndum del 1 de octubre.
🔎 El incendio que ha desencadenado la imputación de un fiscal del Estado por primera vez en la historia
En la reunión, que se ha alargado dos horas y media, el primero a intervenir ha sido Álvaro García Ortiz, que ha insistido en los argumentos que defendió ayer en un comunicado y que esgrimió en una entrevista en TVE. Según fuentes de la Fiscalía, el fiscal general del estado ha verbalizado que para dimitir tiene que haber una razón “muy fundada” y ha insistido en que no ha cometido “ningún delito”. Por esta razón, aduce que no tiene porque dimitir y que él no tiene que “demostrar” su inocencia. Los fiscales que han encabezado las demandas de dimisión han sido los cuatro fiscales del procés, que en su momento ya plantaron batalla con la ley de amnistía: Javier Zaragoza, Jaime Moreno, Fidel Cadena y Consuelo Madrigal. En cambio, entre los que han mostrado apoyo a Álvaro García Ortiz ha habido María José Segarra (fiscal general del Estado los dos primeros años de Pedro Sánchez en la Moncloa), Alejandro Luzón (fiscal jefe Anticorrupción) y Pablo Crespo (fiscal del Tribunal Constitucional). De los cinco fiscales que no han podido asistir, dos habían enviado un audio de apoyo al fiscal del Estado, pero no se ha llegado a escuchar porque algún fiscal ha objetado que no era procedente. Asimismo, ha habido fiscales que han verbalizado la preocupación por como la imputación del fiscal del Estado afecta y afectará a la institución, otros han expresado la opinión que la causa se acabará archivando, mientras otros no se han mostrado tan optimistas.
El Tribunal Supremo abrió una causa para investigar si Álvaro García Ortiz reveló “secretos o informaciones” de los que tuvo conocimiento por “razón de su oficio o cargo” y que no tenían “que ser divulgados”. Es un delito previsto en el artículo 417 del Código Penal, que prevé que cuando sean “secretos de un particular”, como es el caso de Alberto González Amador, las penas serán de prisión de dos a cuatro años. Además, si la revelación de secretos provoca un “grave daño por la causa pública o por uno tercero” tiene una pena de inhabilitación especial para cargo público de entre tres y cinco años.
La Junta de Fiscales avaló en abril la decisión de pedir el archivo de la querella de Alberto González Amador
No es la primera vez que la Junta de Fiscales tiene sobre la mesa el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El pasado mes de abril, avaló la postura de la teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, de pedir el archivo de la querella que había presentado Alberto González Amador contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal de delitos económicos Julián Salto por supuesta revelación de secretos. La decisión salió adelante por diecinueve votos a favor, doce en contra y una abstención. Después de seis horas de deliberación, la Junta de Fiscales apoyó la postura de la mano derecha de Álvaro García Ortiz, que argumentaba que no había delito ni existían indicios contra los querellados. En cambio, la fiscal María de la O Silva era partidaria de investigar antes de dar una respuesta al juez.
Por la tarde, el Consejo Fiscal se revolverá previsiblemente contra Álvaro García Ortiz
La reunión de la Junta de Fiscales era la primera de las dos que acoge hoy la Fiscalía General del Estado. Y estaba llamada a ser la más plácida. Por la tarde, Álvaro García Ortiz reunirá el Consejo Fiscal, que presumiblemente le dará la espalda: está formado por doce miembros y los fiscales conservadores tienen mayoría. Tiene tres miembros natos (el fiscal general del Estado, la teniente fiscal del Supremo y el fiscal inspector jefe) y nueve fiscales de cualquier categoría. Entre estos nueve, hay seis de la Asociación de Fiscales (la mayoritaria y conservadora), dos de la Unión Progresista de Fiscales y uno de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales.
Ayer, tanto el AF como el APIF reclamaron la dimisión del fiscal general del estado. Los fiscales conservadores expresaron que su imputación “plantea, lamentablemente, dudas sobre su actuación” que “afectan de manera intolerable a la institución”. “No puede mantenerse en el cargo si valora la dignidad de la carrera fiscal, de la Fiscalía, de la institución garante de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos”, sostuvo Cristina Dexeus. La presidenta del AF lamentó que esta situación “genera una tensión sin precedentes en la institución y erosiona la credibilidad de la actuación” de los fiscales. Por su parte, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales esgrimió que la imputación comporta la “pérdida de la consideración de jurista de reconocido prestigio” que exige el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para llegar a ser nombrado fiscal general del estado y denunció que “mantenerlo es deteriorar gravemente el Estado de derecho”.