La Junta de Portavoces del Parlament ha emitido una declaración este jueves en que critica la sentencia del TJSC a los miembros de la Mesa de la última legislatura y pide "la liberación inmediata" de la expresidenta de la cámara Carme Forcadell.
Firmada por JxCat, ERC y la CUP, la declaración rechaza la sentencia del TSJC y "constata" que los miembros de la Mesa han sido condenados "por haber cumplido con sus funciones reglamentarias, permitiendo la tramitación de todas las iniciativas promovidas por los diputados de la cámara".
Asimismo, las tres formaciones se han solidarizado con la exdiputada de la CUP Mireia Boya, que fue absuelta, y con el también exmiembro de la Mesa Joan Josep Nuet, que tiene la causa abierta en el Tribunal Supremo ya que ahora es diputado en el Congreso.
La Junta de Portavoces también afirma que la sentencia del TSJC "evidencia la enorme injusticia del encarcelamiento" de Forcadell, de quien han reclamado "la liberación inmediata". "La condena a 11 años y medio de prisión por un delito de sedición, por exactamente los mismos hechos que ahora han comportado una pena por desobediencia, es una aberración jurídica y una anomalía democrática", asegura.
Los presos y los exiliados
El texto, aparte de pedir la libertad de Forcadell, también reclama lo mismo para el resto de los presos políticos y "el libre retorno de los exiliados". La declaración también considera incompatible con la separación de poderes y la inviolabilidad parlamentaria "que los tribunales pretendan censurar el debate en el Parlament de Catalunya".
"Un Parlament tiene que poder debatir de todo, sin más límites que la voluntad de de los diputados escogidos democráticamente", asegura. Finalmente, el texto alerta que esta sentencia supone un peligro porque permite criminalizar "cualquier actividad o ejercicio de la función parlamentaria".
Por eso, JxCat, ERC y la CUP critican que la ley de reforma del Tribunal Constitucional del año 2015 por "haber sido aprobada con el objetivo político explícito de reprimir el independentismo" y que ha provocado "censura" a los debates parlamentarios. "Supone un grave riesgo para la democracia", han advertido, por lo cual han pedido a la Mesa del Parlament que garantice la libertad de expresión y el derecho de iniciativa de los diputados.
Como conclusión final, la Junta de Portavoces reivindica que "la judicialización nunca será la solución para resolver el conflicto político entre Catalunya y España".