La ejecutiva de Junts ha analizado esta mañana la propuesta planteada por ERC de impulsar una nueva ley en respuesta a la sentencia del TSJC que impone el 25% del castellano en las escuelas, según ha podido saber ElNacional.cat. Después de que Junts se desmarcó de la reforma de la ley del catalán ante las protestas de las entidades en defensa de la lengua, los republicanos han planteado aprovar un nuevo texto legislativo, en el que no se incorporan porcentajes sobre el uso de castellano, y que se tramitaría en paralelo al proyecto de decreto que hizo llegar Junts al Govern el lunes pasado. Finalmente, la ejecutiva de Junts habría aceptado esta propuesta para facilitar un acuerdo con ERC.

Desde el martes se han celebrado diferentes reuniones entre los socios de Govern en las que el president, Pere Aragonès, ha asumido personalmente las conversaciones y como resultado de las cuales se ha hecho llegar la nueva propuesta a todos los partidos y a las entidades. Esta nueva propuesta pasaria, como apuntó ayer ERC en el Parlament, por una nueva ley ad hoc, en lugar de reformar la ley de política lingüística. La decisión final se tiene que acabar de cerrar ya, dado que el 31 de mayo acaba el plazo fijado por el TSJC en su auto para dar cumplimiento a la sentencia. De hecho, el Govern ha dejado abierta la posibilidad de convocar una reunión extraordinaria del Consell Executiu este viernes para aprobar las propuestas.

A lo largo de la reunión de la ejecutiva, algunos de los miembros han cuestionado la conveniencia de impulsar un nuevo texto legislativo, como defiende ERC, para responder a la sentencia y han seguido apostando por concentrarlo en un decreto ley, tal como había aprobado el lunes el partido. No obstante, durante la reunión se ha subrayado que el contenido de los dos textos va en la misma dirección, y que la funcionalidad del decreto es que se podrá aplicar de manera inmediata, mientras que el proyecto de ley obliga a un recorrido más largo para su tramitación en la cámara.

El objetivo de estas iniciativas, se insiste, es blindar la inmersión y proteger a los centros, y dejar claro que sea la Conselleria d'Educació, que encabeza Josep Gonzàlez Cambray, el responsable de validar los proyectos lingüísticos.

La propuesta de los republicanos se ha hecho llegar al resto de grupos que formaban parte del consenso para dar respuesta a la sentencia del TSJC, es decir, PSC y comuns, así como a las entidades en defensa de la lengua y los colectivos de enseñanza.