La maniobra para acelerar una ley contra las ocupaciones ilegales que afectan a la "convivencia" ha acabado tirando adelante. Había dos leyes encima de la mesa: una de Junts per Catalunya y otra de Ciudadanos. Ya se pactó la semana pasada entre estas dos formaciones y este miércoles la cámara catalana lo ha ratificado. Por una parte, se ha aprobado tramitar por lectura única la proposición de Junts, que significa acortar los trámites para que sea aprobada antes. Por otra parte, la formación naranja ha decidido retirar su iniciativa para enmendar el texto de Junts, que ha agradecido el gesto. Todo ha contado con el voto a favor del PSC.

La encargada de defender la iniciativa por parte de Junts ha sido la alcaldesa de Girona, la diputada Marta Madrenas, que ha alertado de que no todas las ocupaciones afectan la convivencia, pero que es "una problemática que se da por todo el país" y hace que "la paz social se degrade en muchos barrios y municipios" de Catalunya. "Hacen la vida imposible a sus vecinos", ha insistido. Por eso Madrenas ha defendido que hay que encontrar unas "herramientas" que hoy no existen. Plantean un triple objetivo: "El restablecimiento de la convivencia, la protección social y el cambio de percepción de la ciudadanía sobre que la ley protege lo que provoca el conflicto y no quien lo sufre". Por su parte, Anna Grau, de Ciudadanos, ha defendido la necesidad de "debatir la gravedad del fenómeno de la ocupación" y ha lamentado que "hace mucho tiempo que algunos luchamos en solitario".

El resto de formaciones no se han ahorrado los reproches. El diputado de ERC Pau Morales ha denunciado un "acuerdo inconfesable de Junts, el PSC y la derecha españolista". Ha atacado al PSC, por su "doble vara de medir", y a Junts: "Ha pasado de ampliar derechos a recibir aplausos de la derecha españolista". La diputada de los comunes, Susana Segovia, ha denunciado lo que considera "populismo con las ocupaciones".

¿Qué plantea Junts?

Concretamente, la reforma legislativa planteada por Junts per Catalunya busca facultar tanto a los ayuntamientos como a las comunidades de propietarios a reclamar judicialmente el desalojo del inmueble ocupado si el propietario no ha actuado en un plazo de treinta días y se cumplen dos requisitos: que haya una "alteración grave de la paz social" y que sean propiedad de grandes tenedores, como la SAREB. También los ayuntamientos podrían adquirir temporalmente el uso" de estos inmuebles para vivienda social. Es una iniciativa en la que trabajaba la exconsellera de Justicia Lourdes Ciuró antes de la ruptura del Govern el pasado octubre.

¿Y qué proponía Ciudadanos?

Por su parte, la proposición de Ciudadanos, que ni se ha llegado a votar, planteaba una reforma del Código Civil de Catalunya para "garantizar la convivencia pacífica en las comunidades de propietarios ante la ocupación ilegal". La iniciativa facultaba a las comunidades de vecinos para emprender acciones legales ante "acciones contrarias a la convivencia normal a la comunidad o que dañen o hagan peligrar el inmueble", así como "las actividades que los estatutos, la normativa urbanística o la ley excluyen o prohíben de forma expresa". Ahora van a intentar enmendar el texto de Junts.