Junts per Catalunya ha decidido este miércoles reaccionar a la ofensiva judicial española y atacar a Esquerra Republicana por haber pactado la reforma del Código Penal con el gobierno de Pedro Sánchez. Ha sido el diputado Josep Pagès quien, en un mensaje en su cuenta de Twitter, ha instado a los republicanos a admitir este "gravísimo error". Lo ha hecho a consecuencia de la decisión del fiscal general, Álvaro García Ortiz, de ensañarse contra los líderes independentistas del 2017 e ir de la mano del juez Pablo Llarena acusándolos de malversación agravada. Según el ministerio público, el ánimo de lucro exigido por el nuevo delito de malversación "se apreciará en todos los casos en los que el responsable actúe con conciencia y voluntad de disponer del patrimonio público para conseguir una ventaja o beneficio propio o ajeno de cualquier tipo".
Paralelamente, Pagès ha registrado en las últimas horas en la Mesa del Congreso de los Diputados una serie de preguntas para saber cómo ha intervenido el Gobierno en las peticiones de malversación agravada. Las preguntas llegan después de que la abogacía del Estado se doblara a la voluntad del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena de perseguir a Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig por el delito de malversación agravada. "¿El Gobierno ha dado instrucciones o indicaciones a la abogacía del Estado o bien es una posición que mantiene por su cuenta?", se pregunta el diputado independentista.
Junts, por otra parte, considera que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, entró en contradicciones este martes, ya que aseguró durante el Pleno que la reforma del delito de malversación en el Código Penal "deja de meter en el mismo saco la gestión indebida de fondos públicos con el robo de fondo públicos para uso privado". Eso, en opinión de la formación independentista, es un posicionamiento que entra en contradicción con la actuación de la abogacía del estado español.
Es por este motivo que Junts ha preguntado al Gobierno si considera que la actuación de la abogacía de no recurrir la aplicación del tipo agravado de la malversación es coherente con las manifestaciones de Sánchez. Asimismo, el partido insta a La Moncloa a responder si los hechos de otoño de 2017 en Catalunya suponen "un robo de fondos públicos para uso privado" y si, por lo tanto, el 1-O merece ser castigado con el tipo agravado de la malversación.
Asimismo, la Fiscalía del Supremo ha reclamado que se mantenga para el líder de ERC, Oriol Junqueras, la inhabilitación de 13 años, tal como se le condenó por los delitos de sedición y malversación de fondos, al considerar que el nuevo delito de desórdenes públicos agravados sustituye el primer delito derogado. Los cuatro fiscales del Procés han informado a la sala de lo penal del Tribunal Supremo que "se oponen a la revisión de las condenas" a los líderes independentistas, a los cuales se les condenó por los dos delitos, que son, además de Junqueras: Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa (los tres condenados a 12 años), al considerar que sus condenas de inhabilitación siguen siendo posibles con la reforma del Código Penal.