La líder de Junts per Catalunya en el Congreso de los Diputados, Míriam Nogueras, ha enviado un aviso este viernes a Esquerra Republicana después de que el PSOE y Podemos hayan presentado una proposición de ley para derogar el delito de sedición. "Ningún partido catalán puede aceptar que lo que pasó en otoño de 2017 merece un solo día de prisión". De la misma manera, ha aseverado que "ningún partido democrático español" puede considerar que hubo delito durante aquellas semanas. "Nosotros no asumiremos como delito un hecho que no lo es", ha afirmado.

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Nogueras ha recordado que no solamente Junts se pronuncia de esta manera. "También lo dice Alemania, las resoluciones de la ONU y el Consejo de Europa," ha añadido; además de hacer broma sobre el cambio de nombre del delito: "Le digan cómo le digan o le pongan el nombre que le pongan -sedición, sedicionilla, desórdenes públicos agravados-, en otoño de 2017 no hubo delito". La portavoz de Junts en la cámara baja ha manifestado también que su formación no se ha sorprendido por la maniobra del estado español, pero ha insistido en que "lo que no es aceptable es que lo haga con el apoyo de partidos catalanes".

Así se ha pronunciado Nogueras después de que el PSOE y Podemos hayan registrado en el Congreso de los Diputados una propuesta de ley que tiene que servir para derogar la sedición e introducir un nuevo delito, el de "desórdenes públicos agravados". Se trata de un cambio con unas penas rebajadas y con una redacción para estar "homologado" a las democracias europeas.

Así es el delito de desórdenes públicos agravados

El texto indica que se castigará con una pena de prisión de seis meses a tres años aquellos que "actuando en grupo y con la finalidad de atentar contra la paz pública, ejecuten actos de violencia o intimidación sobre las personas o las cosas, u obstaculizando vías públicas ocasionando un peligro para la vida o la salud de las personas, o bien invadiendo instalaciones o edificios". La proposición concreta que estos hechos se castigarán con penas de prisión de tres a cinco años e inhabilitación especial para cargo o empleo de trabajo público cuando se cometan por una multitud con un número, organización o propósito idóneos para afectar gravemente al orden público.

Se trata de un texto que contempla que la pena aumente si se utilizan "instrumentos peligrosos", y todavía más si lo que se utiliza son armas de fuego. La proposición también pide castigar con una pena de medio año a dos años de prisión a aquellos que en un lugar concurrido provoquen una avalancha, estampida o reacción similar en el público que ponga en peligro la vida o la salud de las personas.