Lo tienen bien claro. Junts ha avisado al Gobierno de que la detención del president Carles Puigdemont si volviera a España sería ilegal, motivo por el cual ha pedido que dé las órdenes necesarias para que no sea arrestado si decide volver. Al mismo tiempo, ha exigido al ejecutivo de Pedro Sánchez que explique en virtud de qué criterios jurídicos se produciría la detención, si se llega a producir.
Los portavoces de Junts en el Congreso de los Diputados, Míriam Nogueras, y en el Senado, Josep Lluís Cleries, han presentado toda una serie de preguntas escritas al Gobierno, según recoge este miércoles Europa Press, donde reclaman que el Gobierno asuma la última resolución de la justicia europea que impide detener a Puigdemont y a los consellers Clara Ponsatí y Toni Comín mientras la euroorden esté suspendida.
¿El Gobierno conoce la resolución?
El partido del president se ampara en el auto que emitió el viernes pasado la justicia europea, donde avisó de que el proceso penal y las órdenes de detención se mantienen suspendidos. Al mismo tiempo, la resolución también acordó no devolver la inmunidad a Puigdemont de manera cautelar después de su detención en Cerdeña. Sin embargo, el Supremo ha advertido que si el president pone un pie en España, será detenido: argumenta que lo que se conoció el viernes era un extracto del auto del vicepresidente del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) y no la resolución completa, además de que el derecho español no está supeditado al europeo.
En este sentido, Nogueras y Cleries también quieren saber si el Gobierno conoce la resolución del TGUE, si asume que no puede detener a los políticos en el exilio y si ha comunicado a las fuerzas de seguridad que las euroórdenes están suspendidas. También preguntan si se han dado instrucciones al Ministerio del Interior y a los respectivos departamentos de las comunidades autónomas para que no se les detenga en caso de volver al país, así como si se ha interesado a la Fiscalía General del Estado para que "impida la detención en orden a la defensa del interés público y la legalidad europea".
¿Cuáles son los criterios jurídicos?
Otras cuestiones que plantea Junts al ejecutivo de Pedro Sánchez es "en virtud de qué criterios jurídicos" se podría incumplir la resolución" del TGUE y detener a los exmiembros de la Generalitat y cómo se explicaría esta "ilegalidad" ante el tribunal europeo.
Por su parte, la defensa de Puigdemont, Comín, Ponsati y Lluís Puig ha invocado el derecho fundamental a un juez imparcial y ha solicitado la recusación del magistrado instructor Pablo Llarena después de recibir el Premio Villacisneros, cuya aceptación "priva manifiestamente" al juez de la imprescindible imparcialidad en la causa. De esta manera, Llarena se tendría que abstener en esta instrucción, tal como marca la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Imagen principal: El president Carles Puigdemont / Efe