Junts per Catalunya ha cargado contra la nueva decisión del Tribunal de Justicia de Catalunya sobre la imposición del 25% del castellano en los centros escolares. Mientras la sala del contencioso administrativo del TSJC ha rechazado el recurso de casación presentado por la Generalitat de Catalunya, los juntaires han tildado eso de "nueva injerencia judicial" contra el modelo de escuela catalana y contra la lengua. De hecho, por eso han apelado al Govern de la Generalitat presidido por Salvador Illa: ¿"Cómo reaccionará el Govern del president Illa y del conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila? ¿Lo acatarán o darán cumplimiento al decreto que permite evitar esta imposición"?, ha dicho en un tuit la portavoz del grupo parlamentario y vicepresidenta de Junts, Mònica Sales.

La Generalitat exponía que no puede aplicar la resolución del 25% de castellano en las aulas publicado el 2021 porque los dos decretos, aprobados en el 2022 por el Gobierno, que regula el uso de las dos lenguas cooficiales, prohíben la aplicación de porcentajes a la educación. En cambio, el tribunal sostiene que "no hay interés casacional, ni duda interpretativa", además de imponer las costas de 2.000 euros a la Generalitat.

Esta cuestión, de hecho, también tiene una carpeta abierta al Tribunal Constitucional. Concretamente, la nueva normativa que tenía que blindar la escuela catalana y que aprobó el Parlament de Catalunya como respuesta a la sentencia del 25%. Por eso, Govern, entidades y partidos ya preparan una respuesta a una posible sentencia perjudicial a la lengua catalana. De hecho, el ejecutivo y los principales partidos están en negociaciones por un Pacto Nacional per la Lengua para dar respuesta a las actuales problemáticas del catalán, ya que su uso está en retroceso como marca la encuesta de usos lingüísticos.

De hecho, la diputada de la CUP Pilar Casteillejo ha lamentado este martes que el Pacto Nacional por la Lengua que propone el Govern a los grupos es "de mínimos" y que no recoge ni la eventual respuesta ante una sentencia que impusiera el 25% de castellano a todas las aulas de Catalunya. En este sentido, desde la CUP han avisado de que "no firmarán cheques en blanco porque el Govern ahora tenga prisas para cerrar este Pacto Nacional por la Lengua", y que reclamarán que se recojan medidas en todos los ámbitos, desde la educación hasta la sanidad.