Junts reúne este sábado en El Morell (Tarragonès) su consejo nacional. Será el primer encuentro que organiza el principal órgano de decisión del partido entre congresos —y que preside Josep Rull— después del pacto con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez. La formación llega a esta jornada con dos resoluciones importantes para la hoja de ruta del partido: una propuesta para ampliar el número de militantes con la incorporación de los independientes que se presentaron con las listas de Junts (con la coalición Compromís Municipal) a las elecciones locales —es decir, que no tenían el carné de la formación— y otra para celebrar una convención nacional sobre la inmigración el segundo semestre del año.
Vía para incorporar a los independientes de las municipales
Otra de las carpetas de los consejeros nacionales de Junts para este sábado es la propuesta para facilitar la afiliación de los miembros independientes que se presentaron con las listas del partido a las elecciones municipales sin tener el carné de Junts. Se calcula que eso agruparía a unas 3.000 personas, hecho que ampliaría sustancialmente la formación, que tiene más de 6.000 militantes. La propuesta de resolución, a la cual ha accedido ElNacional.cat, insta a "abrir" el partido para que "las personas que manifestaron en su día el compromiso con Junts ante la administración electoral, ahora lo puedan acreditar dentro de las mismas estructuras" de la formación. El texto recuerda que los más de 6.000 candidatos que presentaron bajo la coalición de Compromís Municipal tuvieron que firmar una declaración formal de "voluntad de pertenencia" a la candidatura para poder presentarse.
Para participar en todas las elecciones y votaciones internas del partido, cualquier afiliado tiene que tener una antigüedad mínima de seis meses, tal como contemplan los estatutos. Ahora bien, esta iniciativa —que ya fue avalada por unanimidad en la permanente y en la ejecutiva de Junts— propone que aquellos independientes que fueron con ellos a las municipales y que se quieran afiliar a la formación entren ya como miembros de pleno derecho: "Que se les conceda un periodo de gracia donde se les convalide la carencia establecida para participar de la actividad del partido en plenas facultades, considerando que estas ya adquirieron su compromiso el 24 de abril de 2023". Esta medida reforzaría el ala más pragmática del partido con respecto a los más afines a la presidenta del partido, Laura Borràs.
"Formar parte de la candidatura supuso participar en plenas facultades de representación en nombre de Junts en la precampaña y campaña electoral, hecho que concluye que desde principios de abril todas estas personas están integradas en la dinámica del proyecto compartido de Junts, invirtiendo recursos y tiempo", justifica el documento.
Una convención nacional sobre el hecho migratorio
El debate de la propuesta de resolución para organizar una convención nacional de la formación sobre el hecho migratorio coincide en la misma semana que Junts ha acordado con el Partido Socialista la delegación de competencias sobre la inmigración. Esta es una de las carpetas en las cuales los juntaires han hecho más énfasis a lo largo de los últimos meses. El documento interno del partido que plantea pronunciar un cónclave para definir el discurso de Junts sobre la inmigración, al cual también ha tenido acceso este diario, recoge que si el partido "aspira a ser la fuerza política central en Catalunya [...] no puede seguir obviando un debate necesario", del cual la sectorial de Migraciones, Arraigo y Ciudadanía —que es quien presenta la propuesta de resolución— sostiene que hay que salir con "propuestas valientes, pero sensatas, reales y útiles". La sectorial recoge que la población catalana es "multicultural" y que el problema "no es el hecho migratorio en sí, sino la falta de gestión de la diversidad".
Al mismo tiempo, el texto de la sectorial es autocrítico —"la debilidad de Junts en las personas migradas es patente", afirman— y alerta sobre dos aspectos: "el incremento de la xenofobia y el racismo" y el "crecimiento del nacionalismo xenófobo catalán". De hecho, cargan contra las fuerzas políticas que "alimentan estas actitudes" y hacen una mirada a Catalunya: "La xenofobia y el racismo eran residuales históricamente en el nacionalismo y soberanismo [...] Eso está cambiando porque discursos como los que vienen de Ripoll y otros lugares, que elevan hechos concretos a categoría nacional y manipulan todo tipo de datos, se expanden y van calando en parte del electorado nacionalista y soberanista, incluidos nuestros votantes potenciales". La sectorial de Migraciones reclama al partido "posicionar con firmeza" contra estas actitudes y añade: "Tenemos la obligación moral y política de evitar que aparezca un equivalente a Vox que hable en catalán y que se reivindique como fuerza soberanista aparentemente al servicio y en defensa de un pueblo catalán definido de forma estrecha".
Por todo ello, consideran que la manera de canalizar todo este debate sería a través de una convención nacional el segundo semestre del año. En este, la sectorial de migraciones, arraigo y ciudadanía defiende llegar con un documento final que parta de las propuestas de tres grupos diferentes: uno integrado por miembros de las tres corrientes ideológicas de Junts —de izquierdas, socialdemócrata y liberal—, uno formado por representantes de las sectoriales del partido, y un último por la Comisión Municipalista. A toda esta cuestión de la migración hay que recordar las voces de los alcaldes del Maresme, que han pedido poder expulsar de sus localidades a los multirreincidentes. Tras el acuerdo con el PSOE para la delegación de competencias, el secretario general, Jordi Turull, defendió la posibilidad que la Generalitat pueda decidir sobre qué hacer para combatir la multirreincidencia.
Además, se llevará a votación una propuesta de reglamento de la Comisión de Garantías, que cuenta con varias enmiendas. Este órgano, presidido por Magda Oranich, se encarga de instruir los procedimientos disciplinarios por conductas o actos de los afiliados contrarios a la normativa del partido. Uno de los puntos que incorpora la propuesta de reglamento defiende que "los miembros de la Comisión de Garantías se abstendrán de hacer declaraciones públicas relacionadas con cualquier cuestión tratada por este órgano, con la finalidad de preservar y la imagen pública del partido". Esta Comisión de Garantías tendrá que gestionar el caso de Aurora Madaula, vicepresidenta del partido, que denunció haber sufrido "violencias machistas silenciosas". Eso enfureció a una parte importante del grupo parlamentario y la sectorial de Feminismos, que clamaron contra "el uso político de la violencia machista" por parte de Madaula. Y otro asunto del partido (aunque no está denunciado internamente) tiene que ver con la diputada por Lleida y miembro de la ejecutiva, Cristina Casol —también afín a Borràs—, que denunció en la oficina de Igualdad del Parlament al grupo parlamentario por acoso por razón de género.
El último consejo nacional se hizo el 10 de noviembre, que fue telemático y sirvió para validar el pacto con los socialistas. La reunión de este enero estaba prevista para el 2 de diciembre en la misma localidad tarraconense, pero se pospuso hasta el 13 de enero aduciendo que todavía "no había suficientes elementos" para valorar el seguimiento del acuerdo con los socialistas. La realidad, sin embargo, era que coincidía con la reunión del mecanismo de verificación internacional en Ginebra (Suiza).