Después de que el pasado lunes 3 de marzo Junts y el PSOE cerraron el acuerdo para el traspaso en Catalunya de la gestión de inmigración, el partido que preside Carles Puigdemont ha creado un grupo de trabajo interno para abordar el futuro despliegue de las competencias. El grupo integra nombres como la exconsellera de Acció Exterior, Victòria Alsina; el diputado en el Parlamento Agustí Colomines y la portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, y nombres como el de Eric Bertran con vínculos con entidades de la sociedad civil y otros diputados y técnicos de la formación. Según han explicado fuentes conocedoras a Europa Press, y que ha podido confirmar El Nacional, el grupo analizará el despliegue de las competencias acordadas, lo cual implica, entre otras cuestiones, analizar qué recursos tienen que ponerse a disposición del gobierno catalán, y que tendrá que retocarse o ajustarse cuando la ley esté operativa.

Hay que recordar que la proposición de ley orgánica sobre inmigración registrada en el Congreso contempla varios cambios sobre asuntos como extranjería, contratos de trabajo, control e integración a lo largo de 13 artículos y tres disposiciones adicionales. Los Mossos actuarán en la frontera y estarán presentes en puertos y aeropuertos, la Generalitat expedirá el documento de identidad para los extranjeros (NIE) y Catalunya gestionará las expulsiones y devoluciones de extranjeros y los Centros de Internamiento de Extranjeros.

Aportación de alcaldes y técnicos municipales

Además de los nombres antes citados, Junts también quiere tener en cuenta las aportaciones del mundo local y contar con el punto de vista de alcaldes y técnicos municipales, teniendo en cuenta que es la administración más próxima al ciudadano. De esta manera, todas las partes aportarán sus propuestas e información que puede ser muy útil a la comisión de trabajo, que seguirá operativa hasta que la ley se implemente y sea una realidad.

El objetivo del grupo es anticipar y poner sobre mesa debates relacionados con el fenómeno inmigratorio y la translación que pueden tener normativamente en el momento que tenga efectividad el traspaso, en un plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de la ley. Esta comisión estudiará cómo se han desplegado e implementado las políticas de inmigración en otros países, lo que puede servir de base, teniendo en cuenta que en la negociación entre el PSOE y Junts por el redactado de la proposición de ley se tuvieron en cuenta lo que recogen cuatro modelos en materia de inmigración: el de Baviera, el del Quebec, el neerlandés y parte del de Escocia.

Estos ejemplos también recogen la implementación en materia lingüística, una cuestión que Junts considera relevante, dado que defiende que el conocimiento del catalán tiene que ser "un elemento indispensable" para obtener la ciudadanía. La ley para delegar las competencias en inmigración destaca la necesidad de saber catalán para integrarse en Catalunya y el traspaso de las competencias permitirá exigir el catalán para evitar la expulsión, según Junts. Una cuestión sobre la cual el Gobierno ha querido quitar trascendencia, recordando, como hizo este viernes, Pedro Sánchez, que la actual legislación ya dice que los ciudadanos extranjeros tienen que conocer no solo el castellano sino el resto de lenguas cooficiales como el catalán al ser interrogado sobre si los inmigrantes tendrán que hablar catalán para obtener el permiso de residencia.

¿Cuáles son las competencias?

  • Centros de Internamientos de Extranjeros (CIE): La proposición de ley pactada entre el PSOE y Junts incluye la gestión de la Generalitat de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), la devolución de los extranjeros que tengan prohibición de entrada y llevará los Mossos d'Esquadra a llevar, con la Guardia Civil y la Policía Nacional, la seguridad de puertos, aeropuertos y zonas críticas.
  • Residencias: Catalunya se configurará como "ventanilla única" en su territorio para las autorizaciones de estancia de larga duración, residencia temporal y residencia de larga duración; expedirá el documento de identidad para los extranjeros, a partir del Registro del NIE del Estado español, y se incrementará el número de Mossos a 1.800 efectivos, hasta alcanzar la cifra total de 26.800 agentes.
  • Expulsiones: El acuerdo también recoge que Catalunya ejerza la competencia sancionadora de los procedimientos administrativos: por ejemplo, instruirá y ejecutará expulsiones que no requieran expediente (devoluciones), y las que sí que lo requieren se resolverán a partir de la propuesta formulada por la Generalitat, previa valoración de los criterios orientativos que establezca la Junta de Seguridad catalana.
  • Contratación en origen: La Generalitat, además, determinará el continente de trabajadores extranjeros en la contratación en origen, aplicará las previsiones de la legislación vigentes en materia lingüística, y serán los Mossos los que ejerzan la competencia para la prevención, persecución, protección y asistencia a las víctimas de tráfico y explotación de seres humanos.
  • Recursos: Para que la cesión de competencias sea una realidad, el Estado transferirá los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios para que Catalunya las pueda ejercer, y solo así podrá desarrollar un modelo propio con "una política integral".

Foto principal:  El diputado de Junts en el Parlament, Agustí Colomines, será uno de los integrantes del grupo de trabajo por la inmigración