Junts per Catalunya reprueba las condiciones de contratación que ha aprobado la Mesa del Senado para adjudicar el nuevo contrato para la interpretación simultánea y la posterior transcripción del catalán, el vasco y el gallego. Los juntaires argumentan que las cláusulas son “poco estrictas con respecto a las calificaciones y requisitos en la formación” de estos trabajadores y critican que no tienen en cuenta los méritos y la experiencia de las personas que han desarrollado esta actividad los últimos años. Para Junts, la adjudicación aprobada por el órgano de gobierno de la Cámara Alta deja “desamparados” los actuales intérpretes y traductores del catalán y de las otras lenguas oficiales.
El portavoz de Junts en el Senado, Josep Lluís Cleries, sostiene que hay que “defender la calidad del servicio y de sus profesionales como se ha hecho hasta ahora” y lamenta que el acuerdo de la Mesa “no fija unas condiciones óptimas de trabajo adecuadas a la calidad del trabajo para los profesionales que tendrán que prestar este servicio”. “No es admisible que no se proteja a los trabajadores y sufran un retroceso en sus derechos y condiciones de trabajo”, rubrica Cleries.
En el escrito registrado en el Senado, Junts alega que la traducción e interpretación de las intervenciones “tienen que ser fiables para el buen desarrollo de los debates parlamentarios” y denuncia que “sería una pérdida de capital intangible” que los profesionales que han estado trabajando desde el 2005 “no pudieran seguir desarrollando su actividad”. Además, Junts también pone de relieve que, lejos de “la ejemplaridad que tiene que dar la cámara”, las condiciones “se adecuan poco a la calidad del trabajo que se tiene que realizar”.
Interpretación de las lenguas oficiales a distancia y externalizada
La Mesa del Senado aprobó el pasado 19 de diciembre el expediente de contratación para la adjudicación del contrato de servicios de interpretación simultánea remota y posterior transcripción de las “intervenciones realizadas en euskera, catalán, gallego y valenciano durante las sesiones parlamentarias del Senado”. La memoria justificativa afirma que actualmente hay “soluciones tecnológicas” que “permiten efectuar la tarea de interpretación en modo remoto”, cosa que permite eliminar los desplazamientos, que suponen una carga para los intérpretes y un coste elevado por la Cámara. La propuesta establece un presupuesto máximo anual de 151.250 euros. Asimismo, considera necesario que la prestación del servicio lo efectúe una empresa externa especializada porque “el Senado no tiene medios personales” para realizar la interpretación simultánea y remota.