La ley audiovisual, que ERC negoció con el Gobierno, se encuentra en tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados. Y Junts per Catalunya ha registrado hasta ochenta enmiendas con el objetivo de blindar el catalán en las plataformas de contenidos tras haber "trabajado estrechamente" con Plataforma per la Llengua o Òmnium Cultural. "Si salvar el catalán es la máxima prioridad, no podemos aceptar un acuerdo de mínimos", asegura la diputada Pilar Calvo en la exposición de motivos. Y menos cuando se está reduciendo el uso social de la lengua. Entre otras cosas, la formación de Carles Puigdemont pide una cuota del 7,5% para catalán, euskera y gallego, que sea exigible a todas las plataformas audiovisuales. A nivel político también reclaman un "frente común".
La ley fue negociada entre ERC y el Gobierno, no sin sobresaltos, después de que la vicepresidenta Nadia Calviño admitiera que no podían imponer una cuota del 6% a las plataformas radicadas fuera de España. Al final la solución pasó por la financiación de obra en lenguas cooficiales. Concretamente, el pacto determinaba que "cada año se destinarán un mínimo de 15 millones" a la producción en catalán, euskera y gallego. Esta suma era una estimación que deriva de la obligación que establece el artículo 117 de la ley en las plataformas de financiar producciones independientes. Concretamente, se exigía que invirtieran el 5% de sus beneficios declarados en producción europea, unos 140 millones de euros para el conjunto de plataformas en cifras del 2020.
En sus enmiendas, Junts recuerda que la directiva europea establece que un 30% de la cuota de contenido se tiene que destinar a obra europea y que la mitad, un 15%, tiene que estar en lenguas oficiales de cada Estado miembro. Frente a esto, reclaman la mitad, el 7,5%, a repartir entre el catalán, el euskera y el gallego. Y establecen que, a diferencia del proyecto de ley del Gobierno, tiene que ser "una obligación no sólo para los prestadores de servicios de comunicación audiovisual establecidos en el Estado español, sino también para aquellos que prestan o dirigen sus servicios a las audiencias del Estado". Con el actual redactado quedan excluidas plataformas como Netflix, HBO Max o Disney Plus, al estar domiciliadas fuera de España.
También ponen el foco en la exigencia a las plataformas que financien producción de obra europea. Y en este sentido piden que esta aportación sea de un mínimo del 10% y no del 5% que recoge el actual proyecto de ley del Gobierno. Y que se reserve un 35% para las lenguas cooficiales. La diputada Pilar Calvo recuerda que en Francia se ha establecido entre el 20% y el 25% y en Italia entre el 12,5% y el 20%. "Cuanto más recursos se generen, más podremos ayudar a la industria audiovisual propia, especialmente los productores independientes que tienen asignada una cuota del 70% de esta contribución al texto actual," defienden.
Finalmente, otro punto de preocupación: las competencias del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC). Desde Junts piden que tenga competencias en "control y supervisión de los contenidos emitidos en streaming o en plataformas de intercambio de vídeo en Catalunya". Lamentan que con el actual redactado no se respetan estas competencias.