Hay una problemática que afecta a la agricultura catalana que las últimas semanas ha llamado a la puerta del Congreso de los Diputados y del Senado. Nos tenemos que situar en el Segrià y en Osona, donde hay dos plantas de tratamiento de purines que han llegado a los 25 años de vida útil y que están paradas desde el pasado 1 de enero: son las plantas de Alcarràs y de les Masies de Voltregà, que tratan un total de 200.000 toneladas de purines al año y de las que dependen entre 200 y 300 ganaderos. Como han superado el umbral del cuarto de siglo funcionando, han dejado de recibir las ayudas del Gobierno y eso las hace inviables económicamente. Y necesitan (y piden) tiempo. Tiempo para renovarse en condiciones de eficiencia energética y para culminar la transformación en plantas de biogás. Esta necesidad imperante ha llevado a Junts y ERC a promover una enmienda para hacer una moratoria de dos años que permita a las plantas seguir funcionando. Por parte de los juntaires, han trabajado en ello los diputados Pilar Calvo e Isidre Gavín y en nombre de los republicanos, la portavoz adjunta en el Congreso, Teresa Jordà, y la líder en el Senado, Sara Bailac.
La modificación se ha introducido, a través del Senado, en la ley sobre el desperdicio alimentario que se ha validado en la Cámara Alta. Si nada cambia, la semana que viene la norma será ratificada en el Congreso, donde el voto del PSOE no podrá impedir que la enmienda quede impresa negra sobre blanco en el Boletín Oficial del Estado. El mismo texto que ahora ha reciido luz verde se incorporó hace tres meses en la Cámara Baja durante la tramitación de la ley que regula los derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Ahora bien, cayó en saco roto a raíz de la decisión de la Moncloa de retirar la norma después de que PP, Junts y ERC consiguieran añadir este cambio y derogar el impuesto a la producción eléctrica. Preguntado por ElNacional.cat, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación no aclara cuál es su posición sobre la modificación relativa a los purines ni especifica cuál es su propuesta alternativa. Por cierto, las plantas de Alcarràs y de les Masies de Voltregà son las primeras, pero no las últimas afectadas: en 2026, acabará la vida útil de la planta de Juneda (en las Garrigues).
“Una vez la ley se apruebe, la pelota estará en el tejado del Gobierno y nosotros queremos soluciones. Tendrán la sartén por el mango, esperamos que encuentren la manera de dar una respuesta”, ponen de relieve fuentes de ERC consultadas por ElNacional.cat, que lamentan que la Moncloa no se haya movido en “ninguna dirección”. “El Gobierno se tiene que hacer cargo, tendrá que cumplir la ley. Cuanto más tarde la solución, más irreversible será resolverlo”, insisten las mismas voces. Desde las filas de Junts, abanderan una “solución inmediata” para las plantas de tratamiento para que tengan más “margen de maniobra”. En conversación con este medio, diputados de la formación defienden que la voluntad de Junts no es ni lindar con el PSOE ni hacer pinza con el PP: “El tema es encontrar soluciones”, subrayan. Y defienden que, después de intentar blindar las plantas de purines en el Congreso y ante la firme negativa de los socialistas, se han visto obligados a recurrir al Senado para hacerlo posible.
El grito de auxilio del sector
“El efecto de la aprobación de esta enmienda es que las plantas podrán empezar a funcionar porque tendrán un escenario de prórroga hasta que llegue el plan Renove que tiene que permitir que puedan estar funcionando durante los próximos diez o quince años”, cuenta el presidente de la Asociación para el Desimpacto Ambiental de los Purines (ADAP), Josep Capdevila, a ElNacional.cat. Ahora mismo, las dos plantas afectadas “no tienen viabilidad económica para funcionar” porque se han quedado sin las ayudas del Gobierno que “compensan el esfuerzo que haces para tratar purines y producir energía eléctrica y que el mercado no te paga”. Capdevila indica que el Ministerio de Agricultura tiene que impulsar un plano Renove para que las plantas “puedan continuar” después de incorporar “mejoras de eficiencia y de rendimientos”. Lo que tendrán que hacer, por ejemplo, es recondicionar las instalaciones para que “puedan funcionar con gases renovables (como biometano o hidrógeno verde)” con el objetivo de que las plantas sean “más eficientes”.
La mejor alternativa medioambiental es el biogás. Desde la Unió de Pagesos, el responsable del sector porcino, Rossend Saltiveri, argumenta a ElNacional.cat que el biogás es “muy nuevo” y que reconvertir las plantas de tratamiento de purines y conseguir los permisos “no es sencillo”. “Necesitábamos que las plantas tuvieran un periodo transitorio para que no se cerraran”, justifica. Y defiende que, a partir de la guerra de Ucrania, el precio del biogás se incrementó e “hizo atractivo invertir”, cosa que da todavía más peso al periodo transitorio para que las plantas se puedan adaptar. Otro argumento: “Es importante aprovechar los puntos de tratamiento que tenemos. Ubicar plantas nuevas es complicado por la normativa sobre la distancia en zonas de alta densidad de granjas. Aprovechar las licencias y autorizaciones que tienen las plantas existentes para hacer la reconversión lo hace mucho más fácil”, subraya Saltiveri.
Josep Capdevila añade que ellos empezaron a mover las soluciones a esta problemática entre 2018 y 2019, pero apunta que el contexto global impidió poner el foco: “Llegó la pandemia, vino la crisis energética de Ucrania y después, una crisis de materias primas. Con todas estas crisis, no estábamos para hablar de temas tan importantes de futuro, sino que estábamos más bien con salvar el día a día”.
ERC y Junts denuncian que el Ministerio de Agricultura “ha hecho oídos sordos” y “ha dejado tirados” a los ganaderos
Fuentes de Junts consultadas por ElNacional.cat ponen énfasis en la voluntad de los ganaderos de impulsar la transformación de las plantas de purines para “hacer las cosas bien” y lamentan que el Ministerio de Agricultura “les deje tirados”. Ahora, por ejemplo, debido a la paralización de las plantas, hay gente que tiene que transportar los purines en camión decenas de kilómetros. “Es una barbaridad”, lamentan. E insisten en que tanto el Gobierno como el Govern de la Generalitat han mirado hacia otro lado y no han puesto ninguna solución encima de la mesa. “Es la única solución que, por ahora, garantiza una gestión medioambientalmente sostenible de las deyecciones ganaderas del porcino. Es imperativo garantizar este puente de dos años que la cogeneración necesita para integrar las nuevas plantas de biogás en el tratamiento de purines, para mantener la viabilidad de las explotaciones ganaderas de forma sostenible”, verbalizó hace un mes Pilar Calvo.
“Si estamos aquí encontrando la solución en este trámite legislativo es porque el Ministerio de Agricultura ha hecho oídos sordos con esta preocupación de los ganaderos”, ha lamentado la portavoz de ERC en el Senado, Sara Bailac, durante el debate de las enmiendas. La senadora republicana ha presentado la enmienda como una “esperanza para el sector porcino y ganadero catalán, para la transición energética y para el compromiso colectivo con la sostenibilidad y la innovación” para hacer frente a un “reto crucial”. La senadora republicana ha advertido que la paralización definitiva de las dos plantas supondría un “golpe duro a los ganaderos y agricultores, que necesitan más tiempo para realizar la transición ecológica” y un “aumento del riesgo” para “centenares de familias” y comprometería la “gestión eficiente de los residuos ganaderos” y la “capacidad de seguir avanzando hacia modelos más sostenibles”.
Un informe jurídico que contradice la negativa de la Moncloa
“El Ministerio de Agricultura se ampara que cualquier moratoria iría ligada a una autorización de Europa porque estas ayudas están calificadas de ayudas de estado”, relata Josep Capdevila. “Ellos tienen la excusa de que Europa no les dejaría, nosotros pensamos que no, que no habría ningún problema en hacerlo”, añade. Y un informe jurídico que se elaboró para analizar esta cuestión al que ha tenido acceso ElNacional.cat abre la puerta a modificar un decreto del 2018 para “extender la aplicación hasta la aprobación y la aplicación de las subastas [de energía]” que tienen que permitir a las plantas de cogeneración seguir funcionando. “La causa y el fundamento de la medida sería la misma que la ya adoptada y los efectos económicos también”, detalla el documento, que considera que es “necesario remover” una “limitación temporal injustificada” que fue una “decisión arbitraria sin motivación” para reconocer el derecho de las plantas de cogeneración a percibir las ayudas después de la finalización de su vida útil reguladora hasta que se desarrolle el nuevo marco de subastas. “La medida tendría que ser declarada compatible con el mercado interior”, remacha.