El caso de los policías españoles infiltrados en movimientos sociales de Catalunya aterriza en el Congreso de los Diputados. Tanto Junts per Catalunya como Esquerra Republicana han impulsado iniciativas parlamentarias para pedir explicaciones al Gobierno sobre los hechos destapados por La Directa, que ahora han vuelto a la agenda política después de que el 30 Minuts de TV3 explicara los casos de cuatro agentes que se infiltraron en movimientos sociales y asociativos en Barcelona, Girona y València. Por una parte, Junts ha solicitado la comparecencia del ministerio del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en comisión para que informe sobre estos hechos y, especialmente, sobre la infiltración en “reuniones confidenciales de estrategia jurídica de defensa contra la causa independentista” (una reunión con el abogado Benet Salellas sobre el caso 21 Raons, el corte de las vías de tren de alta velocidad en Girona el 1-O del 2018). Por otra parte, ERC ha registrado catorce preguntas con respuesta escrita dirigidas al Gobierno, a las que ha tenido acceso ElNacional.cat. Entre otras cosas, los republicanos quieren saber qué medidas piensa adoptar la Moncloa para “garantizar la protección de los derechos de las personas implicadas en movimientos sociales que puedan estar siendo víctimas de infiltraciones por parte de fuerzas de seguridad” y qué “protocolos y garantías” contempla para “evitar abusos o mal uso de las infiltraciones policiales en contextos sociales y políticos”.
📝 Esta es la confesión de una policía infiltrada en los movimientos sociales de Girona
Los interrogantes que plantea ERC combinan la exigencia de explicaciones a la Moncloa con peticiones para conocer su opinión. Así pues, los republicanos reclaman detalles sobre las medidas que se están tomando para “controlar estas prácticas y garantizar la proporcionalidad y legalidad en todas las operaciones de infiltración” y sobre los mecanismos que se implementarán para “investigar cualquier posible irregularidad en el uso de estos métodos” y para “evitar que los agentes infiltrados hagan un mal uso de la información obtenida y agraven la vulneración de derechos provocada”. También quieren saber cómo se garantizará que las infiltraciones “respeten los derechos humanos y la legislación vigente” y “no vulneren la libertad de asociación y expresión de los ciudadanos”. “¿Cómo piensan reparar los daños físicos, psicológicos y de cualquier otro tipo infligidos en los investigados y su entorno?”, añaden.
En la segunda carpeta, ERC pregunta al Gobierno si considera que la “infiltración ilegal de policías en movimientos sociales puede afectar a la calidad de la democracia del Estado”, cómo valora que las infiltraciones “impliquen el establecimiento de relaciones sexoafectivas con varias personas con el objetivo de obtener información o alcanzar objetivos de las investigaciones” y cómo califica la “eficacia de sus políticas públicas en materia de seguridad”. Además, interroga sobre si considera que los casos documentados en el reportaje podrían constituir un “abuso en el uso de infiltraciones” y si las infiltraciones “sufren de un sesgo ideológico contra la izquierda y los movimientos independentistas”.
“Una vulneración de los derechos de la ciudadanía flagrante y contraria a la libertad ideológica y de pensamiento”
En la exposición de motivos, ERC alega que la infiltración de agentes policiales en movimientos sociales “sin una causa debidamente acreditada o proporcional” es una “flagrante vulneración de los derechos de la ciudadanía”. “Este tipo de actuaciones policiales prospectivas de infiltración en espacios de naturaleza pacífica y democrática a consecuencia de su adscripción política son actos intolerables en cualquier estado democrático y de derecho y rotundamente contrarios a la libertad ideológica y de pensamiento”, esgrimen los republicanos, que lamentan que, con este tipo de actuaciones, el Estado español “vulnera derechos fundamentales de la ciudadanía como la libertad de asociación y de expresión o el derecho a la participación política”.
Dicho esto, ERC reclama a la Moncloa que explique las “condiciones y límites de las infiltraciones policiales y como se garantizan los derechos de los individuos implicados”, establezca una “protección especial que asegure que estas prácticas no se utilicen para perseguir la disidencia política del Estado” y fije un “marco claro de control, transparencia y supervisión que garantice que estas técnicas no sean utilizadas de forma ilegal, desproporcionada ni abusiva”. “En los casos que se han destapado recientemente, se aprecia un evidente sesgo ideológico, ya que estas técnicas policiales se aplican contra organizaciones de izquierdas y asociadas al independentismo”, denuncian a los republicanos. Y concluyen que es “inevitable plantearse si los mismos métodos se aplican a organizaciones de extrema derecha”, que “pueden representar una amenaza para la seguridad y la democracia”.
Marlaska avala las infiltraciones policiales en movimientos sociales en Catalunya: “Actuamos conforme a la ley”
El primer pronunciamiento de la Moncloa sobre esta cuestión ha llegado este mediodía durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha avalado las infiltraciones de policías españoles: ha asegurado tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil “actúa siempre conforme la ley” y ha afirmado que los dos cuerpos policiales españoles actúan en el “ejercicio de funciones de prevención de hechos delictivos y respuesta”. Asimismo, fuentes de la cúpula del Ministerio del Interior apuntan a ElNacional.cat que los agentes expuestos en el 30 Minuts estarían operando como policías infiltrados y no como policías encubiertos. Las mismas voces no responden las preguntas sobre si está justificado que un policía infiltrado mantenga relaciones sexuales y afectivas con miembros de organizaciones sociales y políticas.