El independentismo exige respuestas al Gobierno después de que el Consejo de Europa se posicionara en contra de las sentencias judiciales que obligan a un mínimo del 25% de castellano en las escuelas de Catalunya. Los expertos del organismo se mostraron “profundamente preocupados” por las “incertidumbres” que han creado las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya sobre el uso de una lengua o la otra como vehicular en la educación catalana. Y ahora ERC y Junts quieren que la Moncloa dé explicaciones y actúe en consecuencia. Lo hacen a través de una batería de preguntas escritas que han registrado en el Congreso de los Diputados y que el Gobierno tendrá que responder, también por escrito, en las próximas semanas. La demanda es compartida. “¿Piensa revertir el inventado porcentaje mínimo de un 25% de castellano fijado por ser claramente contrario a los compromisos aceptados por el Estado español?”, pregunta Francesc-Marc Álvaro. “¿No teniendo ninguna justificación pedagógica para la imposición de un porcentaje mínimo de castellano, cuáles son las medidas inmediatas que tomará el Gobierno en relación con las escuelas ya afectadas por este porcentaje?”, interrogan Pilar Calvo desde el Congreso y Francesc Ten desde el Senado.
Según ha podido saber ElNacional.cat, los republicanos quieren saber “como valora” el Gobierno el posicionamiento del Consejo de Europa y si el ejecutivo “tiene pensado cumplir con los compromisos suscritos” en la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, que implica que la “lengua minoritaria de un territorio se tiene que utilizar como vehicular para la enseñanza”. “¿Qué acciones tomará para hacerlo?”, pregunta el diputado Francesc-Marc Álvaro. Asimismo, ERC va un paso más allá e interpela la Moncloa sobre las “medidas específicas” que ha adoptado para “garantizar el cumplimiento” de la Carta Europea de Lenguas en las comunidades autónomas “donde se ha detectado un deterioro de la situación de las lenguas regionales o minoritarias, algunas con la calificación cooficiales”, como las Illes Balears o el País Valencià.
Las peticiones de Junts, registradas tanto en el Congreso como en el Senado, van en la misma línea. Pilar Calvo y Francesc Ten preguntan “cómo se compromete” el Gobierno a “aplicar los más altos grados de protección de las lenguas propias diferentes del castellano allí donde son oficiales” y “cómo actuará” ante la “imposición de un 25% del castellano en las escuelas catalanas” después de que el Consejo de Europa haya indicado que esta medida va en contra de la Carta Europa de las Lenguas. “¿Qué acciones emprenderá ante la recomendación recibida por parte del Consejo de Europa?”, interrogan los juntaires, que reprochan a la Moncloa que no haya tomado “ninguna medida para arreglar la imposición del porcentaje de castellano en las aulas de Catalunya”, que “va en contra de la necesidad de protección de la lengua propia de Catalunya por parte del estado, de acuerdo con la competencia y la legislación catalana y de acuerdo con los compromisos ratificados a la Carta Europea de las Lenguas”.
Los derechos lingüísticos en la justicia, en la administración pública y en el cine
La escuela no es el único foco que ponen ERC y Junts. Y tampoco era lo único que comentaba el Consejo de Europa. También señalaba que la legislación actual o la interpretación que se hace de ella “no garantiza” que los tribunales lleven a cabo los procedimientos en las lenguas cooficiales del Estado, apuntaba que “casi nunca se utilizan” ni en las audiencias, ni en los dictámenes, ni los documentos y lamentaba que la mayoría de las instancias judiciales “no atienden a las peticiones para recibir documentación” en catalán, vasco o gallego. Además, el Consejo de Europa criticaba que la proporción de la plantilla de la Administración General del Estado (AGE) que tiene un conocimiento para poder trabajar con las lenguas cooficiales “sigue siendo demasiado baja” y denunciaba que “muchos textos administrativos y formularios siguen estando disponibles solo en castellano”.
Ante esto, los republicanos preguntan al Gobierno cómo piensa “garantizar que el sistema judicial respete los derechos lingüísticos” de los catalanes, los vascos y los gallegos y asegurar que los procedimientos puedan ser en las lenguas cooficiales cuando uno de los participantes lo solicite. En esta línea, Junts quiere saber “cómo justifica” la Moncloa la “situación alarmante” que solo el 7% de las sentencias judiciales en Catalunya se redacten en catalán, cosa que vulnera los derechos lingüísticos de los catalanohablantes” y si el ejecutivo de Pedro Sánchez “piensa tomar alguna medida para corregir la falta de uso del catalán en la justicia, en la administración pública y en la sanidad”.
Asimismo, Francesc Marc-Álvaro quiere saber qué acciones concretas ha impulsado la AGE para “aumentar el número de trabajadores públicos con un conocimiento suficiente” de catalán, vasco y gallego para prestar un “servicio adecuado”, para “mejorar la prestación de servicios públicos” de la AGE y para garantizar que los ciudadanos puedan “interactuar con la administración pública y recibir documentación oficial” en su lengua. Y Pilar Calvo y Francesc Ten interrogan al Gobierno sobre las acciones que piensa llevar a cabo para “solucionar la falta de competencias lingüísticas de los funcionarios estatales que trabajan en Catalunya” (de los que “más del 60% no tienen conocimiento de catalán para atender los ciudadanos”) y sobre las medidas para “fomentar y proteger el uso del catalán en las plataformas de contenido en línea y en los cines, garantizando que los ciudadanos catalanes tengan acceso equitativo a contenidos audiovisuales en su lengua”.