Esquerra Republicana y Junts per Catalunya han registrado conjuntamente este lunes en el Parlament las conclusiones de la Comisión de Estudio sobre la Deuda Histórica del Estado español con Catalunya. El documento plantea una ley de financiación específica para el país que erradique el déficit fiscal, la condonación de la totalidad del Fondo de Liquidez Autonómica o el pago de la disposición adicional tercera del Estatut para poder ejecutar las infraestructuras pendientes. Los grupos proponentes ponen el foco en la deuda histórica, que cifran en 456.000 millones de euros. El cálculo parte de los 50.900 millones de euros de déficit que estiman en referencia a las infraestructuras, de 375.000 millones en partidas sociales y hasta 30.000 millones de euros en concepto de pensiones (de 1982 a 2022).
Con el objetivo de combatir este "grave perjuicio en el nivel de bienestar que correspondería a los catalanes de acuerdo con lo que aportan al Estado español", los grupos proponentes apuntalan hacia una ley de financiación singular que contemple el traspaso íntegro de las competencias de la Agència Tributària de Catalunya por parte del Estado. De esta manera, se buscaría poder recaudar todos los impuestos y establecer una cuota de solidaridad entre Catalunya (como nación) y el Estado, poniendo como base el principio de ordinalidad. En estas conclusiones, también se ponen encima de la mesa medidas como la cancelación de la deuda pública de la Generalitat en manos del Estado para reducir parcialmente la deuda histórica —una condonación que sería de 73.000 millones, pero donde hay que mencionar que ERC y el PSOE pactaron que fuera de 15.000 millones en el acuerdo para investir a Pedro Sánchez—, el pago de la disposición adicional tercera del Estatut (que sirva, por ejemplo, para ejecutar el corredor mediterráneo) o una encomienda de gestión a la Generalitat mediante la transferencia de recursos para que se puedan realizar las inversiones no ejecutadas entre el 2014 y 2023.
Un sistema de pensiones propio
Las conclusiones de los republicanos y juntaires también sugieren que el Estado ceda el 19% de los fondos europeos Next Generation y se fije un método de seguimiento y control de forma anual. Con respecto a las pensiones, se busca impulsar un sistema propio que permita, entre otros, la creación de la Agència de Seguretat Social Catalana. Las conclusiones de ERC y Junts apuntan que este órgano tendría que contar con recursos que procedan de transferencias del Estado por el importe equivalente a la deuda en pensiones. Paralelamente, ambas formaciones incorporan una compensación por la infrafinanciación que sufre el sistema sanitario catalán. El texto de las conclusiones también explicita que estas propuestas se puedan trasladar a los "órganos adecuados" de la Unión Europea para que se tengan en consideración en una hipotética negociación para la independencia de Catalunya.
Junts per Catalunya propuso crear esta comisión en diciembre de 2021 y se puso en marcha en mayo de 2022 con el apoyo de Esquerra Republicana y la CUP. En el marco de este órgano, ha habido hasta una docena de comparecencias de expertos, entre los cuales el exconseller Andreu Mas-Colell o los economistas Oriol Amat y Guillem López Casanovas.