Los partidos independentistas se oponen a pedir el cese del fiscal general del Estado. Así se han expresado en la votación en el Congreso de los Diputados de una proposición no de ley (una iniciativa simbólica y no vinculante) impulsada por el Partido Popular hace más de cinco meses con un único punto: instar al Gobierno a “promover el cese de Álvaro García Ortiz por incumplimiento grave y reiterado de sus funciones”. Ahora bien, la cámara baja le ha dado la espalda por 168 votos a favor (del PP, Vox y UPN) y 178 votos en contra (del PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, el PNV y Podemos, el BNG, CC y José Luis Ábalos). Durante el debate, hace quince días (en el pleno que se suspendió a causa de la DANA), Junts consideró que el fiscal general del Estado está siendo sometido a una “evidente operación de lawfare”. Por su parte, ERC no intervino y apuesta por mantenerse ajeno a este debate. La votación de esta iniciativa se ha producido dos semanas después de que la Guardia Civil registrara el despacho del fiscal general del Estado en el marco de la investigación del Tribunal Supremo por presunta revelación de secretos en el caso de fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Días más tarde, Álvaro García Ortiz reunió a los fiscales para explicarles la información que requisó la UCO y ahora ha pedido al Alto Tribunal que anule el registro por “notoria desproporción” y ha denunciado que la información intervenida “puede comprometer la seguridad del Estado”. Por cierto, hace seis meses, Junts y ERC se abstuvieron en el Senado en una moción del PP que también pedía el cese del fiscal del estado.

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Un “capítulo más de una evidente operación de lawfare”

Durante el debate en el pleno del Congreso, Josep Pagès denunció que la iniciativa del PP era un “capítulo más de una evidente operación de lawfare” contra el fiscal general del Estado. “Nosotros sabemos de qué va eso”, afirmó el diputado de Junts, que relató el proceso que sigue el lawfare: “Siempre empezamos con una denuncia falsa o un informe de la policía de orígenes oscuros que tergiversa los hechos o directamente los inventa. Una denuncia que se filtra a los medios afines, que deshumanizan a la víctima y anticipan una condena mediática. Y continúa con la asunción de esta denuncia falsa por un órgano judicial de parte. En este punto buena parte del mal ya está hecho, pero muchas veces la cosa continúa con un juicio sin garantías y acaba con una sentencia injusta”. Asimismo, Josep Pagès reprochó al PSOE que siempre “haya girado la cara” delante del lawfare y denunció que la operación Catalunya es una “operación de estado para deslegitimar el movimiento independentista” que “abarca los gobiernos del PP y los del PSOE”.

“Si se tiene que reprobar a algún fiscal indigno, citaría aquí a algunos fiscales que sí que merecen ser reprobados”, esgrimió el diputado juntaire desde la tribuna. Y aludió al fiscal José Manuel Maza, que presentó la querella contra el Govern de Carles Puigdemont por convocar el referéndum del 1 de octubre, y a los cuatro fiscales del procés, Fidel Cadena, Consuelo Madrigal, Javier Zaragoza y Jaime Moreno (contrarios a aplicar la ley de amnistía a la malversación). También mencionó a Ignacio de Lucas Martín: es el fiscal que, “llevando el lawfare contra el independentismo al extremo” y “contra toda evidencia y toda prueba”, ha llegado a un acuerdo por el que “se ha perdonado el crimen de un asesino confeso a cambio de incriminar a Gonzalo Boye, el abogado de Puigdemont”.

 

Se refería al juicio por blanqueo de capitales contra Boye que arrancará en la Audiencia Nacional el próximo lunes. El abogado denuncia que las acusaciones contra él son un montaje urdido por Ignacio de Lucas y justo hace un mes y medio aportó como prueba un audio para culpar al fiscal de comprar un testigo para acusarlo a él de blanqueo. Además, uno de los procesados ha confesado que el dinero no es de Sito Miñanco, sino suyo, cosa que desmonta la acusación de la Fiscalía. Justo esta mañana, destacados abogados europeos y defensores de derechos humanos han expresado su apoyo a Boye, preocupados que se le persiga para defender independentistas.

“Gravísimos incumplimientos de las funciones del fiscal general del Estado que horripilan todos los demócratas”

En la exposición de motivos de la iniciativa, el PP listaba los motivos que lo han llevado a pedir insistentemente el cese del fiscal general del Estado: “No escucha la Carrera Fiscal ni el Consejo fiscal”, “se niega a atender el requerimiento del Senado dos veces” para elaborar un informe sobre la ley de amnistía, “no ampara a los fiscales ante los duros e injustificables ataques sufridos por determinados políticos independentistas” y “pone en serias dificultades a sus fiscales en una actuación de dudosa legalidad y clara finalidad política” que “pretende desprestigiar” a Isabel Díaz Ayuso. En opinión de los populares, todo eso supone “gravísimos incumplimientos de las funciones del fiscal general del Estado que horripilan a la carrera fiscal, a los juristas en general y a todos los demócratas”.

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Además, desde Génova recordaban que en noviembre de 2023 el CGPJ denegó la confianza al fiscal general del Estado por primera vez en la historia y concluyó en su informe preceptivo (y no vinculante) que Álvaro García Ortiz no era “idóneo” para el cargo. El PP concluía que, desde su nombramiento, la “lista de incumplimientos graves no ha hecho más que crecer incrementándose la percepción pública de auténtica dependencia funcional e ideológica con el Gobierno y generando un desprestigio de la Carrera Fiscal que esta no merece y que un Estado democrático no puede permitir”.