El Parlamento Europeo ha aprobado hoy el informe no legislativo que defiende ampliar los supuestos para la extradición automática que prevé la euroorden e incorporar, entre los nuevos, el crimen contra la integridad constitucional de un estado de la UE con uso de la violencia. El informe se ha aprobado con 444 votos a favor, 139 en contra y 106 abstenciones.

El ponente de la iniciativa ha sido el eurodiputado de PP, Javier Zarzalejos, mientras que el eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar preside la comisión de Libertades Civiles desde donde se impulsó el texto, como él mismo recordó el lunes durante el debate. Con todo, el PSOE hizo introducir el matiz sobre el uso de la violencia para pedir que fuera automática la extradición por crimen contra la integridad constitucional de un estado.

Los comunes, en contra

No ha compartido el apoyo del PSOE a la iniciativa a los eurodiputados de Podemos, que ha votado en contra argumentando que la derecha española ha instrumentalizado este debate. También han votado en contra a los eurodiputados de los Verdes/ALE por razones similares.

De hecho, durante el debate de la ponencia que se hizo el martes, diferentes eurodiputadas acusaron a los eurodiputados españoles de querer modificar las euroórdenes mirando sólo sus intereses y no los del conjunto de la Unión.

Junts ha denunciado a través de una nota de prensa que se trata de una "maniobra conjunta de PP, PSOE, Cs y Vox" y que "no tendrá ninguna consecuencia" dado que la Comisión Europea ha dicho en varias ocasiones que el sistema de euroórdenes funciona correctamente y que no hay que modificarlas.

Reproches al PSOE

"Con esta movimiento el PSOE ha demostrado tener la misma visión represiva de PP, Cs y Vox," denuncia el grupo de Carles Puidgemont a través de la nota.

Junts advierte que la iniciativa de los partidos españoles para que un supuesto crimen contra la integridad constitucional de un estado miembro haciendo uso de la violencia provoque una extradición automática "es un precedente peligroso y en ninguno caso se puede asumir dentro del contexto de una UE donde la armonización de los diferentes códigos penales con respecto a los que se considera un crimen contra la integridad constitucional, está lejos de ser una realidad".