El pulso por la respuesta a la sentencia que impone un 25% del catalán en las escuelas continúa en marcha. La ejecutiva de Junts ha aprobado esta mañana por unanimidad una propuesta de decreto ley, que ha hecho llegar al president, Pere Aragonès, y que espera que se debata mañana en la reunión del Govern. El objetivo es, según ha explicado al portavoz del partido, Josep Rius, garantizar la aplicación de la inmersión del catalán en las escuelas, proteger a las direcciones de los centros y a los maestros y dejar en manos del departament de Ensenyament la validación de los proyectos educativos.
Junts deja en manos de Govern la decisión sobre si la tramitación de la iniciativa que proponen se tiene que hacer en forma de decreto o decreto ley, pero argumenta que "el decreto ley evitaría que el TSJC pudiera reaccionar porque una vez validado en el Parlament solo podría ser recurrido ante el TC". La formación de Carles Puigdemont ha formalizado la propuesta después de que la semana pasada se desmarcara definitivamente de la reforma de la ley de política lingüística, pactada a finales de marzo con PSC, ERC y comunes. Esta formación se había apartado de aquel acuerdo al día siguiente mismo de presentarlo a raíz del malestar que provocó entre las entidades de defensa de la lengua y de docentes.
"No hay ningún estudio jurídico independiente que demuestre que la reforma de la ley de política lingüística servirá para preservar la inmersión", ha argumentado al portavoz, al anunciar que la formación había aprobado por unanimidad el decreto que hará llegar al Govern. Además del Ejecutivo, la propuesta se enviará también a los partidos y a las entidades, con la voluntad, según Rius de "rehacer el consenso".
Junts advierte que es "urgente que los directores de los centros y los docentes reciban instrucciones del Govern". "No se trata de desobedecer, se trata de aplicar el marco legal vigente. La sentencia 25% es pedagógicamente aberrante y políticamente inaceptable. No podemos permitir que un tribunal regule la enseñanza en Catalunya ni adaptar la ley a lo que dicta un tribunal", ha advertido al portavoz de Junts.
Espionaje
Junts se ha referido también al escándalo a raíz del espionaje contra dirigentes independentistas que estalló hace un mes. Ha recordado que el Gobierno se ha visto obligado en reconocer 18 de los 65 casos, la mayoría de los cuales, a raíz de espionaje durante el gobierno de Pedro Sánchez y ha denunciado que la reacción ha sido "decepcionante", por lo cual ha insistido en reclamar la "desclasificación de los documentos del CNI y la apertura de una investigación en el Congreso de diputados".
Junts ha insistido en que "la Generalitat tiene que seguir limitando sus relaciones con el Gobierno en las que sean de carácter técnico o administrativo" y no se tiene que volver a reunir mesa de diálogo que, en opinión de esta formación, solo sirve para blanquear el Estado.
Dudas sobre Colau
Asimismo, denuncian que el espionaje "deja en mal pie la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau". Esta formación asegura que Colau llegó a la alcaldía beneficiándose de una guerra sucia contra Xavier Trias, "dando veracidad a informaciones falsas generadas por las cloacas del Estado"; y que consiguió el segundo mandato gracias a una operación de Estado en que Manuel Valls, que le otorgó su apoyo, era "pieza clave". "La perseguirá siempre la sombra de la sospecha, las dos veces que ha sido alcaldesa de Barcelona lo ha sido bajo la sombra de las cloacas del Estado", ha asegurado Rius, por lo cual, ha reclamado explicaciones a la alcaldesa.
Junts hace extensivos sus reproches a ERC, y se muestra sorprendida que ahora el republicano Ernest Maragall acuse a Colau después que en diciembre del 2021, cuando ya sabía que era espiado, dio estabilidad al gobierno y le aprobó los presupuestos. "No se puede blanquear a quien te espía primero y denunciarlo después antes de unas elecciones municipales", ha reprochado.
Cuestión de confianza
Por lo que respecta a la petición del diputado de la CUP Carles Riera para que Aragonès se someta a una cuestión de confianza, tal como pactaron al aceptar su investidura, Rius ha replicado que "este es un asunto que forma parte del pacto que suscribieron ERC y CUP". Ha recordado que Junts ha puesto en marcha una evaluación sobre el grado de cumplimiento del acuerdo que Junts cerró con ERC para votar la investidura de Aragonès y que en las próximas semanas, que ha situado a finales de mayo o principios de junio, cuando esté terminado, se dará cuenta a la ejecutiva y a los órganos del partido y formará parte de la ponencia política que tendrá que aprobar el partido en el próximo congreso.
Rius ha sido también interrogado sobre el retorno al Estado español del rey emérito Juan Carlos I, en Madrid. "España es un Estado podrido que permite el retorno de un rey corrupto. Y, en cambio, impide que Carles Puigdemont, que está en el exilio desde hace cuatro años, no pueda volver por haber puesto unas urnas y a pesar de tener la inmunidad como europarlamentario", ha replicado.