Cuenta atrás para la primera gran votación a la que se enfrenta el Gobierno esta legislatura en el Congreso de los Diputados. Y Pedro Sánchez todavía está lejos de tener asegurados todos los votos. Ante la negativa del PP, que reivindica que "el primer partido de España no puede ser el último recurso", uno de los síes que sigue siendo imprescindible es el de Junts per Catalunya, que a estas alturas se mantiene firme en un triple no a los reales decretos ley que, de no haber un enorme giro de guion de última hora, deben debatirse y votarse mañana.
Fuentes de Junts per Catalunya reconocen que las negociaciones continúan abiertas después de un día en el que ha habido conversaciones, y exigen que se retiren los textos. Reclaman que todavía hay tiempo para que el Gobierno elabore unos nuevos que se aprueben en un Consejo de Ministros extraordinario esta semana y en los que se puedan incluir las demandas de los de Puigdemont para que reciban su voto favorable.
Una de las ofertas que estaban sobre la mesa por parte del PSOE era convalidar los reales decretos ley y, posteriormente, tramitarlos como proyectos de ley, lo que permitiría introducir enmiendas en el redactado durante la tramitación parlamentaria. Eso no sirve a Junts, que denuncia que advirtieron de su negativa antes de que los decretos llegaran al Consejo de Ministros y lamenta que se haya confundido "hablar" con "negociar".
El regreso de las empresas a Cataluña marca el día previo a la votación
Entre las demandas de la formación de Puigdemont, fuentes del grupo parlamentario señalan que en ningún momento han reclamado sancionar a las empresas que se marcharon de Catalunya, sino que puntualizan que su propuesta es sancionar a aquellas grandes empresas sujetas a la Comisión Nacional de Mercados de Valores (CNMC) o al Banco de España que no cumplan con el artículo 9 de la Ley de Sociedades de Capital. Este precepto fija que "las sociedades de capital fijarán su domicilio dentro del territorio español en el sitio donde se encuentre el centro de su efectiva administración y dirección, o donde radique su principal establecimiento o explotación". Asimismo, exigen que las patronales catalanas estén incluidas en el diálogo social.
Todo ello, en una jornada marcada por la propuesta que ha verbalizado en una entrevista en SER Catalunya el portavoz de la formación, Josep Rius, de “contemplar la posibilidad” de que las empresas que se marcharon de Catalunya y no vuelvan “puedan ser sancionadas”, sumado a ofrecerles incentivos fiscales para favorecer su regreso. Rius ha desvinculado esta acción de la aprobación o no de los reales decretos ley.
Horas después, el Govern de la Generalitat ha tachado esta propuesta de “agravio”. Además, la portavoz del ejecutivo catalán, Patrícia Plaja, ha instado a Junts a “no hacer demasiadas gesticulaciones” por los decretos, ya que son “necesarios” para Catalunya. Desde el PSOE, el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, ha replicado que el Gobierno siempre defenderá "facilitar el regreso de las empresas, el cumplimiento de la ley de sociedades de capital y garantizar la seguridad jurídica" y se ha abierto a premiar a empresas que regresen a Catalunya más que a multar a las que no lo hagan.
Sánchez se asegura el apoyo de ERC y PNV, pero sigue lejos de Podemos (y del PP)
Volviendo al Congreso de los Diputados, el Gobierno sí tiene amarrados los votos favorables de ERC y de PNV. Los republicanos aseguran, en la línea de lo que argumentó el ministro Félix Bolaños, que no existe ningún elemento en el famoso decreto ómnibus que perjudique a la ley de amnistía, y los jetzales los apoyarán “por responsabilidad”, en palabras del presidente del partido, Andoni Ortúzar, que en una entrevista en RNE lamentó que los decretos “tienen muchísimos artículos y mezclan muchísimas cosas que nada tienen que ver unas con otras”.
Por su parte, esta mañana, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha espetado a Sánchez que "nunca un presidente había hecho el ridículo en tan poco tiempo" y ha mantenido su negativa a facilitar la convalidación de los decretos: "Los socios del Gobierno se han peleado entre ellos, ¿y ahora resulta que la responsabilidad es de aquel que está en la oposición?". Más tarde, ha anunciado ante los barones territoriales que "si caen los decretos por la fragilidad de la coalición", presentarán iniciativas en el Congreso que "ayuden a salvar" las medidas con las que están de acuerdo.
Otra carpeta es la de Podemos. La secretaria general de la formación morada, Ione Belarra, ha lamentado que el PSOE se haga el desentendido a la hora de negociar sus peticiones y ha dejado claro que "la pelota está en la mesa" de La Moncloa. Mientras, sus antiguos socios piden a Podemos (y a Junts) "responsabilidad" porque "nadie entendería que se ponga en riesgo por intereses políticos varias ayudas tan necesarias", en palabras del todavía portavoz de Sumar, Marta Lois, que ha tachado de "incongruentes" las críticas de Podemos a la reforma del subsidio de desempleo. Desde Catalunya en Comú, Aina Vidal reivindica que los decretos deben salir adelante "por respeto a las personas trabajadoras", mientras que, desde Compromís, Àgueda Micó reconoce que "si el PSOE sabía que algunos de sus socios no tenían claro el apoyo", habría sido necesario “negociarlos más”.
Un pleno maratoniano en el Senado y con brega por el sistema de votación
El pleno del Congreso de mañana se reunirá, de manera extraordinaria, en el hemiciclo del Senado debido a las obras en la Cámara Baja. Ahora bien, eso genera una serie de quebraderos de cabeza logísticos. De entrada, habrá que añadir más escaños porque, mientras los senadores son 265, los diputados llegan a 350 y, por lo tanto, se tendrá que ampliar el aforo. Eso provoca, además, que no haya suficientes botones para votar.
Eso hacía prever, como mínimo a primera hora de la mañana de este martes, que la vía alternativa sería que todo el mundo votara de forma telemática. Sin embargo, los planes de la presidenta Francina Armengol se han empezado a torcer cuando el PP se ha opuesto y ha pedido que las votaciones se hagan con otro sistema: los diputados levantándose en bloque en función de si están a favor, en contra o se abstienen en cada punto y siendo recontados por los secretarios de la Mesa. Es una disposición que figura en el artículo 84 del Reglamento del Congreso y que es una decisión que es competencia de la presidencia.
Fuentes próximas a la presidenta del Congreso aseveran que Armengol se ha negado a esta vía arguyendo que sería un lío y que complicaría el cálculo en un hemiciclo donde no hay sitios asignados. Como réplica, fuentes del PP aseguran que los populares se reservan la posibilidad de pedir votación por llamamiento (como en las investiduras) para todos los puntos, lo que implicaría que cada votación se alargara entre 30 y 45 minutos.
Sea como fuere, lo que está claro es que el PP solicitará que su enmienda a la totalidad se vote por llamamiento (tienen más de una quinta parte de los diputados y, por lo tanto, es automático). Además, fuentes populares confirman que se ofrecen a Vox por si el partido de Santiago Abascal también escoge este camino. Ahora bien, fuentes de Vox señalaban durante la tarde que la formación de extrema derecha no tenía esa idea.