La reforma de la ley del catalán para frenar la ofensiva judicial contra la inmersión agoniza en los pasillos del Parlament. De poco ha servido la presión a Junts de ERC y de los comunes, que se ha repetido esta mañana durante la sesión de control al Govern en que el mismo president, Pere Aragonès, ha emplazado a reformar la ley tan pronto como sea posible. Junts insiste en que no apoyará a la reforma si esta no cuenta con el apoyo de las entidades y si no garantiza la inmersión. Por su parte, ERC ha tenido ocasión de comprobar el escepticismo de Som Escola y Òmnium durante la reunión que han mantenido hoy en el Parlament y donde las entidades han reclamado conocer el contenido exacto de la reforma antes de dar su aval. En medio este contexto, Junts apuesta por articular la respuesta política a la ofensiva judicial con un decreto del Govern en lugar de la reforma de la ley.
Precisamente, Aragonès ha recordado esta mañana que el Govern ya ha aprobado, como respuesta a la imposición del 25% de castellano en las aulas, la memoria preliminar del decreto que regulará el régimen lingüístico previsto en la ley de Educación del 2009. No obstante, cuando el Govern presentó esta iniciativa ya dejó claro que el despliegue requería un plazo de un año, y el auto que el lunes hizo público el TSJC ha cambiado de nuevo el escenario. En el escrito el tribunal requiere al conseller de Educación para que "en el plazo máximo de 15 días dicte las instrucciones oportunas" para que todos los alumnos reciban de manera efectiva e inmediata la enseñanza mediante la utilización vehicular normal de las dos lenguas oficiales, en un porcentaje que no puede ser inferior al 25% de ninguna de las dos.
Junts afianza el no a reformar la ley
El nuevo auto no ha sido el único cambio que se ha producido los últimos días. El martes Junts anunció un acuerdo entre Laura Borràs y Jordi Turull para presentar una candidatura a la nueva ejecutiva y, precisamente, la respuesta a la ofensiva judicial del catalán era uno de los elementos que formaban parte del pacto.
Fuentes de Junts aseguran que el acuerdo a que llegó su grupo parlamentario a finales de marzo con ERC, PSC y comunes para impulsar la reforma de la ley no pasó por la ejecutiva del partido. La formación de Carles Puigdemont se retiró de aquel pacto al día siguiente, al constatar la oposición que despertó entre las entidades en defensa del catalán. El desmarcaje en relación a aquel acuerdo es ahora más que evidente, hasta el punto que destacados representantes de la que tiene que ser la nueva ejecutiva dan definitivamente por descartado que Junts se vuelva a sumar.
Cumbre de Junts en el Parlament
Por si alguien tenía alguna duda al respecto, este tema se ha tratado en un encuentro en el Parlament en que han participado el actual y el futuro primer secretario, Jordi Sànchez y Jordi Turull, así como la presidenta del Parlament, Laura Borràs, con miembros de su núcleo más próximo. También estaba el vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, el presidente del grupo parlamentario, Albert Batet, y la portavoz del grupo, Mònica Sales, entre otros.
Con todo, desde ERC se insistía hoy a atribuir a las diferencias dentro de Junts las dudas sobre su apoyo a la reforma de la ley y aseguran que no tienen respuesta a sus propuestas. Por su parte, Junts recuerda que su exigencia, aparte del apoyo de las entidades, es que el nuevo texto garantice la inmersión y el mantenimiento de las aulas de acogida, deje claro que el catalán es la lengua vehicular y proteja los equipos directivos y los docentes.
Los republicanos rechazan responder a la imposición de los tribunales con un decreto porquè argumentan que resulta más vulnerable que una ley, mientras que para Junts una reforma de la Ley de Política Lingüística no haría más que abrir uno rendija en una norma que había quedado blindada después de superar el filtro del Tribunal Constitucinal y que con la introducción de cambios se volvería a exponer a un recorte de este tribunal.
Ante la evidencia de las diferencias entre los dos socios de Govern, el grupo parlamentario republicano tendrá que conseguir el aval de las entidades en defensa de la lengua al pacto para la reforma del catalán si quiere sumar a Junts al acuerdo y, en caso contrario, tendrá que decidir si la impulsa sin los socios. I sin las entidades.