PSOE y Junts han desencallado el diálogo y han cerrado una crisis que afloró el pasado mes de diciembre, cuando Carles Puigdemont exigió que Pedro Sánchez se sometiera a una cuestión de confianza en el Congreso si quería mantener abiertas las negociaciones entre los dos partidos. Siete semanas más tarde, las relaciones se han reseteado y han saltado a una nueva pantalla, pero nada indica que a partir de ahora tenga que ser más fácil para el gobierno socialista. De hecho, fuentes de la formación catalana aseguran que el próximo deadline de Sánchez quedará marcado en el calendario el día en que se tenga que substanciar en el Congreso el debate de la cuestión de confianza. Aquel día, en función de lo que haya en el "cesto" de acuerdos, apuntan, Junts decidirá el siguiente paso.

Las cuestiones "fundamentales" que Junts espera tener en este "cesto" son: la oficialidad del catalán en Europa, las competencias en inmigración y la amnistía. En Junts existe el convencimiento de que la oficialidad del catalán en la UE está muy cerca y que depende exclusivamente de una mayor implicación de Sánchez ante las cancillerías de los países reticentes.

Inmigración

Con respecto al traspaso de las competencias de inmigración, están pendientes, ahora mismo, de tres puntos para cerrar el acuerdo, según fuentes de Junts: la presencia de los Mossos en las fronteras, la capacidad para tramitar las expulsiones y la emisión del NIE (el número de identidad de la persona migrante). Junts no esconde que hace directamente responsable de la falta de acuerdo en este punto al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y así lo ha hecho saber repetidamente en público y en privado.

No es Marlaska el único negociador socialista que irrita a Junts, que tampoco disimula el malestar con el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, mientras que el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, responsable de las conversaciones con el partido de Puigdemont, ha conseguido hacerse con la confianza de sus interlocutores independentistas. Sánchez no interviene de manera directa en las negociaciones, en las cuales —en algunos casos— sí aparece José Luis Rodríguez Zapatero.

Amnistía

La tercera carpeta que Junts quiere conseguir tener cerrada antes del debate de la cuestión de confianza es la de la amnistía. En este punto, reclama que el Estado actúe con contundencia ante cualquier juez que "prevarique" para impedir la aplicación de la ley. Igualmente, exige al Gobierno que aplique lo que describe como la amnistía política, dentro de la cual reclama una normalización de las relaciones con los líderes independentistas de manera "explícita". En este punto entraría una reunión entre Sánchez y Puigdemont, aunque desde el partido se asegura que no es suficiente con este gesto.

Una vez superados estos temas, Junts pondrá sobre la mesa las dos grandes cuestiones que contempla el acuerdo de investidura, que son el conflicto político entre Catalunya y España y la financiación.

Reunión en Suiza en febrero

Todo ello forma parte de las conversaciones que las dos fuerzas mantienen en Suiza en presencia de un mediador y que está previsto que el mes de febrero celebre la próxima reunión ordinaria. Precisamente, el pasado 17 de enero, cuando Puigdemont dio por interrumpidas las conversaciones sectoriales con el PSOE ante la falta de respuesta en la tramitación de la proposición no de ley sobre la cuestión de confianza, el líder de Junts reclamó públicamente un encuentro con el mediador para hacer balance de los incumplimientos.

El encuentro se celebró 48 horas después y allí el PSOE insistió en que todas las carpetas estaban ya en vías de solución. No obstante, las conversaciones acabaron descarrilando y la ruptura entre ambos partidos se oficializó con la votación del decreto ómnibus, con el paraguas social del Gobierno, que quedó tumbado el jueves pasado y que este martes ha recuperado.

Acuerdo in extremis

Aunque desde el PSOE se asegura que las conversaciones no se han interrumpido en ningún momento, desde Junts se señala que no se volvieron a encarrilar hasta el domingo por la noche, después de que Sánchez aseguró públicamente que buscaría los votos necesarios bajo las piedras. También dijo, sin embargo, que sacaría adelante el paquete de medidas sociales, íntegro, lo cual no ha sido posible, dado que el decreto ha pasado de 80 a 29 medidas.

La negociación del acuerdo fue tan in extremis que obligó a retrasar la reunión del Consejo de Ministros, pero la apuesta de Sánchez era cerrar el pacto. Hasta el punto que mientras los negociadores abordaban la situación en un despacho de la Moncloa y Puigdemont y el secretario general, Jordi Turull, lo seguía desde Waterloo, el Gobierno comunicó que Sánchez comparecería en rueda de prensa para dar cuenta del pacto, cuando todavía no había fumata blanca, lo cual obligó a ir retrasando la comparecencia.

Finalmente, el acuerdo cerrado el martes con Sánchez, aparte de dejar fuera del decreto temas fiscales o la reforma de la ley de la sociedad de la información, también ha comportado una nueva redacción de la proposición no de ley sobre la cuestión de confianza, en que se puntualiza que es potestad del presidente someterse a esta votación y que su resultado no tiene vinculación jurídica. Sin embargo, esta votación sí tiene un peso político muy considerable, y, si Sánchez no se quiere encontrar atrapado de nuevo en el Congreso, tendrá que seguir moviendo piezas en el tablero.