El últimàtum que PSC, ERC y comuns han planteado esta mañana a Junts para que vuelva a incorporarse a la propuesta de reforma de la ley de política lingüística no ha conseguido ningún resultado. Después de que Junts anunció la semana pasada que se descolgaba de aquel acuerdo a raíz de la oposición que levantó entre entidades y docentes, la portavoz del grupo parlamentario, Mònica Sales, ha asegurado que no se sienten interpelados por el plazo de 24 horas que han marcado estos tres grupos en Junts antes de tramitar la ley para el próximo pleno. El partido de Carles Puigdemont, que ha conseguido que el Govern aborde su propuesta de decreto para defender la inmersión, no ha entrado a valorar los efectos que tendría para el ejecutivo que la reforma de la ley acabara prosperando sin sus votos, pero ha dejado claro que no utilizarán la lengua como "arma arrojadiza entre los partidos".

Junts insiste en que mantiene la voluntad de consenso para responder a la ofensiva judicial contra la inmersión, pero advierte que no puede ser sólo un consenso político sino que tiene que incluir a las entidades y a la comunidad educativa. "Tenemos toda la predisposición y disposición para soluciones conjuntas y alternativas jurídicas que puedan llevar a evitar la imposición del 25% de castellano en las escuelas. Pero esta alternativa no pasa por reformar la ley de política lingüística, que Junts no aprobará en ningún caso" ha advertido.

 

Decreto

Las diferencias entre los socios de Govern en torno a la respuesta a la sentencia que impone el 25% del castellano en las aulas, se ha abordado esta mañana en una reunión previa al Consell Executiu que ha encabezado el president, Pere Aragonès, y donde han participado al vicepresident, Jordi Puigneró, y el actual secretario general de Junts, Jordi Sànchez, pero también la presidenta del Parlamenta, Laura Borràs, y el vicepresidente del partido, Jordi Turull.

Sales ha explicado que el decreto que Junts impulsa, y que "ha sido bien recibido" por el gobierno, plantea tres puntos básicos: garantizar la vehicularidad del catalán, proteger a directores y docentes, y validar los proyectos lingüísticos a través del departamento de Educació. Ha insistido en que la vía del decreto evitaría la intervención del TSJC, que es una vía eficiente y efectiva para defender la inmersión, y que abrirán el acuerdo sobre el texto al resto de formaciones, a las entidades y a la comunidad educativa. 

La portavoz ha insistido, además, que quieren impulsar un frente común para la reforma de la ley de Educación conocida como Cellaà, que contó con el apoyo de ERC y sobre la cual Junts se mostraron muy críticos en su momento.