Junts per Catalunya ha avalado, finalmente, los tres decretos del Gobierno después de acordar con el PSOE la delegación integral de las competencias sobre inmigración a la Generalitat, la supresión del artículo 43 bis de la ley de enjuiciamiento civil (que ponía en riesgo, en opinión de los juntaires, la aplicación de la ley de amnistía) y la publicación de las balanzas fiscales. Con este pacto, los siete diputados de Junts en el Congreso de los Diputados no han participado en la votación de los tres reales decretos, permitiendo que uno de ellos prosperara por mayoría simple al conseguir más votos favorables que contrarios. El segundo decreto no se ha convalidado por el voto en contra de Podemos, mientras que en el tercero se ha tenido que repetir la votación por un empate. En esta segunda ocasión, el decreto se ha aprobado con la abstención de Junts. Las negociaciones con los socialistas a lo largo de las últimas horas han sido frenéticas.

En un comunicado hecho público poco después de trascender el resultado de las votaciones en la cámara baja española, Junts ha anunciado que el acuerdo permite "mejorar el autogobierno y las condiciones de vida de los catalanes". En concreto, los puntos que incorpora el pacto con el PSOE son la delegación integral de competencias sobre inmigración a la Generalitat. El partido fundado por Carles Puigdemont explica que se hará por la vía del artículo 150.2 de la Constitución española y que se articulará a través de una ley orgánica específica para Catalunya. Según los juntaires, este traspaso "irá acompañado de los recursos necesarios" y permitirá que Catalunya "pueda hacer una política integral a fin de que sea el Govern y el Parlament los que determinen una política propia, adecuada a las necesidades y a la realidad del país". El primero de los decretos, que incluía el polémico artículo que podía dejar en suspenso la entrada en vigor de la amnistía si se presentaba una cuestión prejudicial en el TJUE, se ha tramitado como proyecto de ley. En este sentido, los socialistas se han comprometido a derogar este polémico artículo de la reforma de la ley de enjuiciamiento civil. En declaraciones desde el Senado, Míriam Nogueras ha expresado que "con los votos de Junts, tienen que ganar los ciudadanos de Catalunya". "Se tienen que respetar las competencias que tenemos y tienen que llegar los recursos que nos corresponden", ha añadido, antes de detallar el contenido del acuerdo.

Publicación de los datos para calcular las balanzas fiscales y reforma de la ley de sociedades de capital

Además, el acuerdo incorpora la publicación "inmediata" de los datos oficiales para calcular las balanzas fiscales —para saber el déficit fiscal que sufre Catalunya—. Otro de los puntos donde los juntaires ponían el foco era en el retorno de las sedes sociales de aquellas empresas que se marcharon después del octubre de 2017. El partido planteaba incentivos fiscales para aquellas que volvieran y sanciones para las que no lo hicieran. Lo que han pactado con el PSOE, según se desprende del comunicado de Junts, es la reforma de la ley de sociedades de capital para revertir el real decreto del Gobierno del PP de octubre de 2017 y permitir que "las empresas puedan volver a Catalunya". Otras cuatro carpetas acordadas son que el IVA del aceite sea del 0%, que el dinero que el Estado tenía que traspasar a la Generalitat para la digitalización de la administración de justicia se multiplique por cinco (de 1,2 millones de euros en 6,2), que el Estado asuma "la totalidad del coste" sobre los descuentos y bonificaciones aplicados al precio del transporte público y el "reconocimiento de los derechos históricos de Catalunya en materia de régimen local".