Enfrentados en el juzgado. Junts per Catalunya (JuntsxCat) y el Partido Demócrata Europeo (PDeCAT), finalmente, han expresado vínculos opuestos hoy en el juicio para aclarar la propiedad de la marca Junts. El PDeCAT presentó una demanda contra el partido de Carles Puigdemont en agosto del 2020, para impugnar la asamblea general ordinaria del 27 de junio de 2020, en la cual se cambiaron los cargos del partido, que entonces solamente tenía tres miembros, y después se inscribió como persona jurídica. El juicio se ha celebrado en el juzgado de Primera Instancia 3 de Barcelona, con la magistrada Maria Nieves Osuna, que en octubre de 2020 ya denegó la medida cautelar de suspender esta asamblea, como quería el PDeCAT, porque los hechos a debate no vulneran una orden imperativa, según recogía la resolución.
Al inicio de la vista, el abogado de Junts, Agustí Carles, ha aportado dos resoluciones que indican que el PDeCAT y JuntsxCat son dos partidos diferentes, una de la ejecución de la sentencia del caso Palau y otra de una demanda laboral. En las conclusiones, la abogada del PDeCAt, Eulàlia Bartomeus, ha insistido en que aquella asamblea del 2020 no se convocó de forma ajustada, y que "se infringe tres artículos" de la Ley Orgánica 6/2002 de Partidos Políticos (LOPP). Ha añadido que la asamblea se realizó de forma telemática, que no lo recogen los estatutos, y que la reunión " se escondió" a dos miembros que tenían cargo entonces. Ha insistido en que "son dos partidos en coalición y que existe vinculación".
Por su parte, el abogado de Junts, Agustí Carles, ha afirmado que la asamblea de Junts se realizó correctamente y "no se vulneró ningún derecho", ya que por|para la pandemia de la Covid-19 no se podían encontrar y "nadie se quejó ni impugnó" la asamblea. Carles ha insistido en que la demanda és "un fraude de ley" porque lo que se quería era "detener el partido y hacer fuera de la carrera en Junts". El abogado de los codemandados también ha solicitado que no se acepte la demanda del PDeCAT, ya que "no hay irregularidades" que vulneren órdenes imperativas, como la ley de partidos, y que entonces nadie se interesaba por Junts, "que era una formación con tres miembros".
Codemandados y testigos
En el juicio, el primero en declarar ha sido Carles Valls, que fue nombrado presidente de Junts per Catalunya en la polémica asamblea del 27 de junio de 2020, que se hizo por videollamada a causa de la pandemia de la Covid-19. Valls ha asegurado que "querían relanzar el partido y hacerlo persona jurídica y convocar una asamblea y congreso", y dejó el cargo en octubre de 2020. Valls, que es codemandado con Junts ha indicado que entonces el partido no tenía página web. A preguntas del abogado de Junts, Valls ha negado que ningún socio se quejara de los acuerdos de la asamblea de junio.
La segunda en declarar ha sido Montserrat Morante, nombrada secretaria de Junts en la asamblea de junio y también codemandada. "Todos sabíamos que el 28 de junio acababa el mandato y Laia Canet da un paso atrás y yo doy un paso adelante", ha afirmado Morante, que entonces estaba a la dirección nacional del PDeCAT. ¿Por qué lo hizo, era otro partido?, le ha preguntado la abogada del PDeCAT, Eulàlia Bartomeus. "Es posible estar en otro partido mientras en unas elecciones no sean contrincantes", ha respondido Morante, que ha confirmado que se dio de baja del Partido Demócrata y actualmente es coordinadora de comarcas de Junts. "El interés era sacar adelante un proyecto", ha añadido.
La tercera en declarar ha sido Laia Canet, la primera presidenta de Junts de Catalunya hasta la asamblea del 27 de junio del 2020. "El mandato acababa y yo quería terminar y nos ponemos de acuerdo", ha explicado Canet. Canet ha afirmado que durante los dos años de vida de Junts, un abogado realizaba las inscripciones y el cambio de domicilio de la coalición JuntsxCat. Canet, a preguntas de su abogado, ha declarado que militaba en los dos partidos y también trabajaba en el PDeCAT. El 14 de julio de 2020 el nuevo JxCat cambió sus estatutos y a finales del mismo mes se hizo un congreso para escenificar la ruptura con el PDeCAT.
Desavenencias
El cuarto testigo ha sido Pol Xart, que era el secretario general de Junts antes de la asamblea de 27 de junio del 2020. Xart ha asegurado que "no" se le hizo partícipe de esta reunión y de los cambios de la junta del partido, y que "nunca" cesó del cargo. No obstante, a preguntas del abogado Carles, Xart ha asegurado que "nunca" había participado en reuniones de Junts desde que se fundó en el 2018, ni tampoco impugnó ningún acta. Ana Maria Soriano, que era tesorera de Junts y que trabajaba en el PDeCAT, ha declarado que "solamente hizo una firma" en dos años, y ha manifestado que no se le comunicó la asamblea general extraordinaria del partido, ni tampoco que la relevaban. Y formalmente, no se da de baja ni se le comunica, ha asegurado. "Después, comuniqué que no quería saber nada", ha declarado. "Me lo pidieron, pero no insistieron más", ha afirmado Soriano a la pregunta de si el PDeCAT le pidió que también presentara la demanda contra Junts.
Irene Negre, que fue nombrada tesorera de Junts en la asamblea del 2020, y actualmente está a la ejecutiva del partido, también ha declarado como testigo, y ha explicado que aquella reunión se hizo por llamadas. También ha declarado a Josep Pagés, nombrado defensor del afiliado, que ha explicado que le propusieron el nuevo cargo y aceptó, aunque no participó en la reunión telemática "para arrancar el partido". Ha negado que ningún afiliado se quejara de esta asamblea, "ni de nadie", ha añadido a preguntas del abogado de Junts. Ahora, continúa el cargo después unas nuevas elecciones.
A la vista, también ha declarado Maria José Olondri, coordinadora de la coalición electoral del PDeCAt y Junts para presentarse conjuntamente a las elecciones municipales del 2019. Ha admitido que hubo "desavenencias" entre los dos partidos, y que inicialmente la inversión de la contienda electoral la puso el PDeCAT, que "consolida la contabilidad de la coalición". Junts no tenía contabilidad, entonces, le ha manifestado al abogado Carles, que ha añadido también que quien recibía todas las subvenciones era el PDeCAT, y la testigo le ha dado la razón.
En la sentencia, se decidirá si los lazos del PDeCAT y Junts se vuelven a unir en revocarse a la asamblea del 2020 o no.