Junts per Catalunya mueve ficha y este martes ha presentado a la Mesa del Parlament una solicitud de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries en relación con la posible "vulneración del ámbito competencial de la Generalitat" y del principio de la seguridad jurídica de la ley de vivienda estatal, aprobada el pasado mes de mayo por las Cortes Generales. En concreto, el partido apunta que la normativa "vulnera el derecho constitucional en la propiedad y los derechos de los pequeños propietarios", que representan al 85% de los tenedores del país. De hecho, este informe que piden a la más alta institución juridicoconsultiva de la Generalitat es el paso previo para poder presentar un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional por parte del Parlament, una iniciativa que desde Junts valoran.
En paralelo, y relativo a la vulneración competencial, el partido sostiene que la ley estatal de vivienda ataca la "competencia exclusiva de la Generalitat en materia de vivienda asumida a partir del artículo 148.1.3 de la Constitución y desarrollada en el artículo 137 del Estatut". "Estamos ante una absorción competencial que infringe de forma patente el marco vigente y menosprecia los principios constitucionales y estatutarios y la consolidada jurisprudencia existente sobre la materia", señalan en un comunicado.
"Desmantelamiento" de las normas vigentes en Catalunya
Catalunya es uno de los territorios que cuenta con más normativa en relación con la vivienda. Desde este punto de vista, en Junts aseveran que la ley estatal "supone un desmantelamiento de las regulaciones aprobadas y de las normativas vigentes" en el país en esta cuestión y que "ignora la regulación existente en materia de vivienda protegida". Otros puntos que ven conflictivos son el hecho de que supere la "regulación en el ámbito de la determinación de zonas de mercado tensionado, la regulación de las relaciones de consumo, la mediación con la finalidad de evitar procesos de desalojo o los mecanismos de corresponsabilidad de los grandes tenedores en la garantía del derecho a la vivienda de personas o familias en situación de vulnerabilidad acreditada".
Con respecto a los "pequeños propietarios", la formación juntaire considera que la ley española "no garantiza ni sus derechos ni el de las personas vulnerables" por el hecho de que "si aumenta la dificultad de acceso a la vivienda, este hecho impacta directamente a aquellas personas con menos medios". Por todo ello, recuerdan que tanto la Constitución como la Declaración Universal de los Derechos Humanos recogen el derecho a la vivienda, pero que también tiene que "coexistir" con la defensa del derecho en la propiedad. Tanto en el Congreso como en el Senado, Junts votó en contra de la ley estatal de vivienda por esta "injerencia" en la propiedad privada, la "inseguridad jurídica" que causa y el "ataque competencial" que implica.