“El Gobierno está obstruyendo el regreso de las Comisiones Rogatorias Internacionales a la justicia andorrana para que los procedimientos judiciales iniciados contra Mariano Rajoy, Jorge Fernández Díaz y Cristóbal Montoro puedan seguir su curso”. Es la denuncia que hace Junts per Catalunya al día siguiente de la comparecencia del exministro de Hacienda en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados sobre la operación Catalunya. Ante esto, el diputado Josep Pagès ha registrado dos preguntas escritas dirigidas al Gobierno para pedir explicaciones sobre la lenta tramitación de las Comisiones Rogatorias Internacionales (CRI) vinculadas a la investigación de una jueza andorrana sobre la liquidación de la Banca Privada de Andorra (BPA). “Mientras continúen paralizadas en el Estado español por la inacción del Gobierno, la justicia andorrana no podrá continuar con la persecución de los exmandatarios españoles querellados por graves delitos contra la soberanía de Andorra, con el consiguiente perjuicio social que comporta la aparente impunidad de los delincuentes”, lamenta la exposición de motivos de la iniciativa.
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El resumen es que, después de denegar las CRI, la Audiencia de Madrid las devolvió al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes (capitaneado por Félix Bolaños), que, a través del Ministerio y de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (encabezado por José Manuel Albares), debe devolverlas al gobierno andorrano, que debe hacerlas llegar a la juez andorrana para que subsane las formalidades. El circuito es este porque, entre jurisdicciones de diferentes estados, siempre debe pasarse por el ejecutivo, ya que los jueces no se comunican directamente. Pero esto sigue parado. Y ahora Junts exige a la Moncloa que no lo posponga más y devuelva las CRI al gobierno andorrano.
Las siete Comisiones Rogatorias denegadas: cinco están paralizadas y dos han vuelto a Andorra
Nos tenemos que remontar a julio de 2024. La Audiencia Provincial de Madrid denegó las CRI enviadas por el Principado de Andorra a España para que se entregara a Mariano Rajoy, Jorge Fernández Díaz y Cristóbal Montoro una copia de las querellas y autos de admisión y pudieran nombrar a un abogado en un plazo de diez días. El tribunal esgrimió que el auxilio pedido tenía “encaje legal” en el Convenio europeo de cooperación judicial en materia penal (aprobado en Estrasburgo en 1959), pero “excedía” de la “simple notificación de la querella”. Y añadía que la solicitud no cumplía los requisitos del citado convenio porque “no concretaba una exposición sumaria de los hechos y menos una descripción individualizada de los hechos que se imputan a cada querellado”. Ahora bien, después de este portazo, la jueza andorrana tenía (y tiene) la posibilidad de volver a enviarlas nuevamente.
Sin embargo, Josep Pagès denuncia que, desde hace nueve meses, las autoridades andorranas no han recibido el retorno de la mayoría de las comisiones rogatorias sobre este caso. No les han llegado las relativas a Rajoy, Fernández Díaz y Montoro y tampoco las remesas a Francisco Martínez (exnúmero dos de Fernández Díaz como secretario de Estado de Seguridad) e Ignacio Cosidó (exdirector general de la policía española). En cambio, sí que han recibido, “sin ningún problema” (en palabras de Pagès), las comisiones rogatorias enviadas a Eugenio Pino (ex DAO de la policía española) y Bonifacio Díez Sevillano (exagregado del Ministerio del Interior en la embajada española en Andorra). El diputado de Junts ha tenido conocimiento de esto a través de los representantes legales del Institut de Drets Humans d’Andorra, que actúa como acusación popular. Por lo tanto, esta maniobra frena la vía de la juez andorrana para volver a enviar las CRI y poder continuar así la investigación sobre el derrumbe de la BPA.
“¿Cuál es el motivo de la demora en un tema de tanta relevancia pública e interés social?”
Con todo este contexto, Josep Pagès traslada dos preguntas al Gobierno. Son interrogantes que ha registrado en el Congreso y que la Moncloa responderá por escrito en las próximas semanas. “¿Dado que, desde que las comisiones Rogatorias salieron del ámbito judicial se encuentran paralizadas en el ámbito de poder ejecutivo español, cuál es el motivo de la demora o impedimento de la devolución en un tema de tanta relevancia pública e interés social como es la derivada andorrana de la operación Catalunya?”, pregunta el diputado juntaire. Y añade una segunda derivada: “¿Hay alguna ‘razón de Estado’ que motive la obstrucción por parte del Gobierno al retorno de las Comisiones Rogatorias Internacionales?”.