Ofensiva de Junts per Catalunya contra las ocupaciones delincuenciales. El partido de Carles Puigdemont ha expuesto este lunes las iniciativas que han impulsado durante las últimas semanas para hacer frente a un problema que consideran prioritario. "Según el Departament de Interior en los últimos 10 años casi se han triplicado", ha asegurado el secretario general de Junts, Jordi Turull, acompañado de la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, y la diputada en el Parlament, a Glòria Freixa, en una rueda de prensa este lunes en la sede del partido. Los juntaires han recordado que el año 2013 había hasta 2.186 casos de ocupaciones, mientras que en el año 2024 ha habido hasta 10.000 casos detectados y denunciados. Entre las iniciativas, el partido pone el foco en la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, que "obligará al juez a ordenar el desalojo inmediato" en un máximo de 48 horas "si los ocupantes no acreditan que tienen un título legítimo".
Turull ha recordado que la ocupación es una "violación de la ley y atentado contra el derecho a la propiedad privada" y ha recordado que también es un derecho esencial como el del derecho a la vivienda. "Hay formaciones políticas que les cae más bien un ocupa que un propietario", ha dicho Turull, cargando contra el PSC, Esquerra Republicana y los Comuns. El dirigente juntaire ha recordado cómo las ocupaciones delincuenciales generan problemas de convivencia y alarma social. "La gente tiene que tener la percepción de que alguien se está ocupando. Son muchos los alcaldes que nos piden que actuemos con eso, porque son los que sufren los problemas de convivencia directamente", ha afirmado Turull, que ha reivindicado que quien la hace lo tiene que pagar.
Los dirigentes juntaires han recordado cómo se han hecho suya la propuesta del Colegio de Abogados para hacer frente a la ocupación delincuencial, que incluye que las ocupaciones delincuenciales se puedan desalojar cautelarmente por la policía en 48 horas si lo ordena el juzgado. Otro cambio que propone dentro de la Lecrim es que para seguir en un inmueble ocupado haya que presentar un título jurídico como un contrato de alquiler o unas escrituras de propiedad, además de que se habilita a la policía para hacer sería a los okupas delincuenciales de las viviendas. En caso de que les ocupas sean vulnerables, el partido de Carles Puigdemont quiere que sea la misma administración quien se haga cargo de estas personas vulnerables, pero que se les expulse de igual manera para no atentar contra el derecho a la propiedad.
De hecho, han registrado esta ley en el Congreso de los Diputados, donde el grupo capitaneado por Míriam Nogueras es clave y donde confían en que saldrá adelante, ya que tienen el "compromiso del PSOE". Además, también la han registrado en el Parlament de Catalunya, para que este lo pueda llevar al Congreso de los Diputados en caso de que haya una convocatoria electoral anticipada al Estado. Los juntaires han lamentado que el PSC, ERC y Comuns votaran junto con Vox en contra de tramitar la propuesta por la vía de urgencia. "Se ha intentado que vaya tan deprisa como se pueda", ha dicho Glòria Freixa.
Respecto de la problemática de la falta de vivienda, Junts ha presentado más de 30 medidas para poder dar respuesta a este problema, que pasa principalmente por crear vivienda pública. "Hay que dar un giro de 180 grados en las políticas de vivienda, han sido un fracaso. Mientras dependa de Junts, nuestros votos servirán para parar estas políticas que han sido un fracaso", ha destacado.
Que la comunidad de vecinos puedan pedir desahucios de pisos ocupados
Con respecto al Parlament de Catalunya, que tiene competencias en materia del Código Civil, los juntaires han registrado una Proposición de Ley de medidas urgentes para hacer frente al fenómeno de la ilegal de inmuebles. En este sentido, Glòria Freixa ha recordado que ya presentó la propuesta que, en caso de vivienda vacía y que se haga un mal uso, el Ayuntamiento pudiera actuar en vez de un gran tenedor. Ahora se da un paso más y se quiere legitimar a la Comunidad de Propietarios para que pueda actuar en caso de que haya un piso ocupado con situaciones peligrosas, puedan activar esta desocupación. También se propone sancionar al gran tenedor que no ejecute esta desocupación cuando se le está pidiendo.