En el primer aniversario de las elecciones generales del 23-J, PP y Junts han vuelto a hacer visible la fragilidad parlamentaria de Pedro Sánchez. Este martes se ha celebrado en el Congreso de los Diputados un Pleno 'escoba' para debatir y votar hasta siete iniciativas y marcharse de vacaciones con los deberes hechos. Pero populares y juntaires han provocado que los socialistas se marchen con asignaturas pendientes: el Gobierno ha sufrido un doble batacazo en la cámara baja porque estos dos grupos han votado en contra de la reforma de la ley de extranjería y de la senda de déficit. Miembros del Consejo de Ministros admiten que el no de Junts al primer paso —imprescindible— para sacar adelante los presupuestos generales del Estado para el 2025 es un batacazo importante. Incluso la vicepresidenta María Jesús Montero admitía a los medios de comunicación que no se han enterado hasta a última hora que la formación de Míriam Nogueras lo tumbaría. Los puntos del orden del día que sí que han salido adelante son los siguientes: un nuevo decreto anticrisis, la ley de paridad, las leyes básicas de agentes forestales, medioambientales y bomberos, y la reforma y renovación del CGPJ.
Que el porrazo parlamentario sería doble ha sido una sorpresa. Porque en la habitual reunión de los martes del Consejo de Ministros se daba por descontado que solo peligraba la ley de extranjería. PSOE y Sumar han negociado de forma continuada con PP y Junts durante la larga jornada que se ha vivido en la madrileña Carrera de San Jerónimo, sin éxito, para intentar convencerlos de aprobar esta ley.
Junts, contra la senda de déficit del Gobierno
Junts per Catalunya ha votado en contra de la senda de déficit que proponía el Gobierno en la víspera de la reunión en Barcelona entre Pedro Sánchez y Pere Aragonès en plenas negociaciones para investir al socialista Salvador Illa como nuevo president de la Generalitat. El encargado de dar los argumentos para votar en contra ha sido el diputado Josep Maria Cruset: "En los últimos días hemos tenido conocimiento de cuáles han sido los datos de ejecución presupuestaria del 2023; y en Catalunya se ha ejecutado solo un 45% de aquello que se había presupuesto; alguien podría decir que eso es fruto de las dificultades en ejecutar los presupuestos o del contexto macroeconómico, pero en Madrid ha habido un 212% de ejecución; en Murcia, un 218%; y en Castilla-La Mancha, un 115%". "Catalunya queda en el porcentaje de ejecución más bajo de todo el Estado, a pesar de ser la tercera comunidad que más recursos aporta", ha lamentado.
Cruset, en una atención a los medios de comunicación en el Congreso de los Diputados, ha recordado que su grupo parlamentario "ha avisado en varias ocasiones de que no forma parte de ningún bloque y que sus votos no se pueden dar por descontados". Así, también ha mencionado que Junts per Catalunya ya advirtió al Gobierno de la necesidad de "corregir el bajo porcentaje de ejecución de inversiones a Catalunya" si pretendían contar con el apoyo de los independentistas. "Hemos escuchado este martes la intervención de la vicepresidenta María Jesús Montero y no ha habido ningún cambio", ha sentenciado para confirmar el voto negativo de Junts per Catalunya en el primer paso —imprescindible— para aprobar los presupuestos generales del próximo ejercicio.
Este martes por la mañana, Míriam Nogueras plantaba la semilla de un importante choque en el Congreso entre Junts y el Gobierno. La líder de Junts per Catalunya defendía "plantarse" y votar en contra de la ley de extranjería ante "el abuso de solidaridad" que el Gobierno practicó con los catalanes cuándo decidió incluir Catalunya en el reparto de 347 menores extranjeros no acompañados. Apuntaba, además, que no tenía ningún sentido que los juntaires votaran a favor de una ley de extranjería que automatiza el reparto de inmigrantes a todo el Estado cuando, paralelamente, la formación independentista negocia con el Gobierno los términos de la delegación a la Generalitat de las competencias en inmigración.
Las exigencias del PP para la ley de extranjería
El PP había enviado al Gobierno un documento con un listado de exigencias a fin de que el PSOE, Sumar y Coalición Canaria pudiera contar con la luz verde de los populares. Reclamaban declarar la emergencia migratoria a todo el Estado (no solo en las Canarias, Ceuta y Melilla), aclarar los criterios de financiación para las comunidades autónomas para hacerse cargo de los inmigrantes, una mayor implicación del Gobierno en la gestión de los menores, un control mayor de las fronteras, negociación con Europa para que tome medidas e inversiones y acuerdos con los países de origen.
Las claves de la ley de extranjería
La proposición de reforma de la ley de extranjería pretende modificar el artículo 35 de la norma para establecer un reparto vinculante de los menores extranjeros no acompañados entre las diversas comunidades autónomas desde las regiones más afectadas. Se pretende declarar la existencia de "situaciones de contingencia migratoria extraordinaria" en las Canarias, Ceuta y Melilla. El reparto de los menores se realizaría al acreditar la insuficiencia de los servicios autonómicos para atender a los niños.
La reforma establece que habrá "sobreocupación" cuando los menores acogidos superen en un 150% la cifra de plazas ordinarias disponibles en el sistema. En las Canarias habría 2.000 plazas, mientras que en Ceuta y Melilla habría 88 y 166, respectivamente. Es decir, que en el archipiélago se pondría en marcha el traslado de menores cuando se registraran más de 3.000 menores migrantes (actualmente hay casi 6.000). En las ciudades autónomas, estas cifras serían de 132 y 249. La norma también fija que tanto el mecanismo de derivación de estos niños entre las diferentes comunidades como los "criterios objetivos" para la determinación de plazas por región serán acordados por la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia "atendiendo el principio de solidaridad".
Aprobado el nuevo decreto ley anticrisis
El decreto ley anticrisis que también se votaba este martes ha salido adelante porque Podemos, in extremis, ha acabado dando apoyo. Los morados han llegado a un acuerdo de última hora con el PSOE porque se ha decidido mantener el bono social eléctrico. También Junts per Catalunya ha dado apoyo porque se ha incluido una enmienda que deroga el artículo 43 Bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que reforzaba la suspensión de los procedimientos cuando los tribunales presentan cuestiones prejudiciales ante la justicia europea; un elemento más para acelerar la aplicación de la ley de amnistía.
Renovación de los vocales del CGPJ
La 'gran coalición' de PSOE y PP han dado este martes el penúltimo paso para reformar la Ley del Poder Judicial. Con los votos de estas dos formaciones y de Coalición Canaria, se ha enviado el texto al Senado para su aprobación definitiva. La reforma tiene, a grandes rasgos, el objetivo de poner punto final en las puertas giratorias entre el mundo judicial y político, así como reforzar las mayorías para aprobar nombramientos de magistrados e instar el nuevo Consejo General del Poder Judicial a hacer propuestas sobre posibles cambios en el sistema de elección de vocales. Era la condición sine qua non de Alberto Núñez Feijóo para pactar la otra cosa que también se ha aprobado en el Congreso este martes: socialistas y populares han aprobado el nombramiento de los nuevos miembros del CGPJ y han acabado de esta manera con cinco años y medio de mandato caducado de los miembros de este organismo.
Aprobación definitiva de la ley de paridad
PSOE, Sumar y sus socios habituales en la cámara baja (Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, PNV, Bildu, BNG y Podemos) también han dado la luz verde definitiva a la ley de paridad, la norma que traspone una directiva europea para exigir a las grandes empresas que haya un mínimo del 40% de mujeres en sus órganos de dirección, así como en el Poder Judicial, los sindicatos, patronales, fundaciones, Consejos de Estudiantes y Tercer Sector de Acción Social. Además, y aunque no tenga nada que ver, la cámara baja ha aprobado una enmienda de esta ley que elimina la facultad que tenía hasta ahora el Senado de tumbar la senda de déficit que aprobara el Congreso.