Junts amplía la ofensiva contra la incriminación a Gonzalo Boye. El diputado Josep Pagès ha registrado tres preguntas con respuesta escrita en el Congreso de los Diputados pidiendo explicaciones a Fernando Grande-Marlaska sobre la protección policial que ha recibido Manuel Andrés Puentes Saavedra, el narcotraficante colombiano que en julio de 2019 incriminó al abogado de Carles Puigdemont, cosa que le permitió salir de la prisión y que ratificó la semana pasada durante el juicio que se está celebrando en la Audiencia Nacional. “¿Qué razones han llevado al Ministerio del Interior a asignarle protección policial, teniendo en cuenta que ha sido condenado por tráfico de drogas, está acusado de otro delito relacionado con el tráfico de drogas y blanqueo de capitales, y del que las autoridades españolas disponen de pruebas que lo vinculan al asesinato en el 2019 en Colombia de Santiago Quintero Marín?”, pregunta el diputado juntaire.
“¿Cuál es el coste estimado de la protección policial?”, añade. E introduce un tercer interrogante: “¿Cómo explica el Gobierno que el Ministerio del Interior haya asignado protección policial a un narcotraficante y presunto asesino mientras niega el derecho del president de la Generalitat en el exilio, Carles Puigdemont, a disponer del escolta policial de los Mossos d’Esquadra que legalmente le corresponde?”. La formación juntaire registró en diciembre una serie de preguntas dirigidas al Gobierno reclamando explicaciones sobre la “concesión y renovación del permiso de residencia” a Manuel Andrés Puentes Saavedra y por qué “no informó a Colombia de las pruebas que lo incriminan”. Ahora, fuentes de la formación lamentan que el Ministerio del Interior se haya negado a “responder ninguna de estas preguntas”.
Junts denuncia que Puentes Saavedra obtuvo la residencia legal en España el 20 de septiembre de 2017 con una tarjeta de identificación de extranjero que se emitió cuando ya estaba investigado por delitos contra la salud pública relacionados con una organización criminal. En marzo de 2019 se conoció que había pruebas relevantes, incluidas intervenciones telefónicas, que lo vinculaban con un asesinato en Pereira (Colombia) y, a pesar de eso, estas pruebas nunca se pusieron en conocimiento oficial de las autoridades colombianas. La vigencia del permiso de residencia finalizaba en septiembre de 2022, fecha en la que ya había sido condenado a tres años de prisión por un delito contra la salud pública y se enfrentaba a otras acusaciones graves, como blanqueo de capitales y participación en una organización criminal. Puentes Saavedra quedó en libertad el 5 de agosto de 2019 con el informe favorable de la Fiscalía, justo unos días después de una declaración ante la policía española en la que incriminó a Gonzalo Boye.
📝 Un acusado ratifica la declaración contra Boye y admite que salió de la prisión después de incriminarlo
“El Gobierno no puede facilitar información de la situación administrativa o judicial de ciudadanos particulares”
La primera batería de preguntas que registró Junts hace dos meses recibió una breve y evasiva respuesta de la Moncloa: “El Gobierno, a pesar de mantener un respetuoso cumplimiento y plena sumisión al control parlamentario, no puede facilitar información de la situación administrativa o judicial de ciudadanos particulares”, recogía la respuesta emitida el 12 de febrero de 2025. En el nuevo escrito registrado en la Cámara Baja, Josep Pagès denuncia que la “falta de voluntad” del Gobierno a contestar las preguntas formuladas es “especialmente grave” porque “impide conocer las razones del trato privilegiado que da el Gobierno a Manuel Andrés Puentes Saavedra en la concesión del permiso de residencia y en la negativa a informar a las autoridades colombianas de las pruebas que lo vinculan a un asesinato”.
Por otra parte, Josep Pagès reprueba que la respuesta no “fundamenta jurídicamente la alegada imposibilidad de facilitar información sobre particulares” y “olvida responder la última pregunta, relativa a las medidas genéricas del Ministerio del Interior para evitar que las concesiones de residencia en España se realizaran sin el análisis de los antecedentes de los solicitantes”.