Junts per Catalunya advierte sobre el uso de Egobox por parte de los cuerpos policiales y la inteligencia española. La formación capitaneada en Madrid por Míriam Nogueras ha registrado una batería de ocho preguntas con respuesta escrita dirigidas al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para pedir explicaciones sobre la adquisición, la regulación y el control del uso de Egobox y las garantías para evitar un uso abusivo ante la necesidad de garantizar que “se ajuste estrictamente a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad”. ¿Qué es Egobox? Es un sistema de intercepción de escuchas ambientales que permite activar remotamente micrófonos en dispositivos electrónicos para obtener grabaciones en tiempo real. Los juntaires denuncian que el uso de tecnologías de vigilancia digital es “especialmente preocupante” cuando se utilizan con “finalidades políticas”, como ha puesto de manifiesto la “persecución contra el independentismo catalán”.
En este sentido, el diputado Josep Pagès pone la lupa en la persecución judicial contra el independentismo con tres interrogantes: “¿Tiene constancia de que en procedimientos judiciales seguidos contra líderes y activistas independentistas catalanes se hayan utilizado escuchas ambientales obtenidas a través de Egobox? ¿Qué procedimientos se han visto afectados y bajo qué autorizaciones judiciales se hicieron estas intervenciones? ¿Qué controles se han establecido para garantizar que estas escuchas no fueron obtenidas de manera irregular o fuera del marco procesal debido ni divulgadas a medios de comunicación?”.
Los juntaires denuncian que en los últimos años “se ha intensificado el uso de tecnologías de vigilancia digital por parte de las fuerzas de seguridad del Estado”, amparándose en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal del 2015 y alertan de que esto plantea “serios riesgos de abuso de poder, especialmente por la falta de contrapesos efectivos que garanticen la legalidad y la transparencia en las investigaciones”.
¿Qué garantías ofrece el Ministerio del Interior para evitar abusos?
Además, Josep Pagès quiere saber si el Ministerio del Interior ha detectado “alguna irregularidad” en el uso de Egobox por parte de unidades de inteligencia o cuerpos policiales y “qué medidas” se han tomado para garantizar que su aplicación “no vulnere derechos fundamentales”. El diputado juntaire recuerda que el uso de tecnologías de intercepción y escucha ambiental “puede afectar derechos fundamentales” y reclama que Marlaska especifique “qué garantías ofrece el Ministerio del Interior a los ciudadanos para evitar abusos en la aplicación de esta tecnología y qué medidas se han tomado para evitar el uso fuera del marco judicial” y “qué mecanismos hay para garantizar la integridad de las grabaciones obtenidas”. “¿Cómo se protege la cadena de custodia de estos registros y qué medidas impiden la posible manipulación de las evidencias obtenidas mediante este sistema?”, pregunta el parlamentario independentista.
Asimismo, las preguntas aluden a los “protocolos específicos” que regulan el uso de Egobox, en particular con respecto a la “autorización judicial previa y los controles de legalidad que garantizan el uso legítimo” y sobre la existencia de un “sistema de auditoría independiente” que supervise su utilización para “evitar que se utilicen en operaciones sin la debida cobertura legal”. Finalmente, los juntaires piden detalles sobre el “procedimiento de adquisición” de EGOBOX, poniendo la lupa en el “marco legal en el que se hizo la compra, la empresa proveedora y el coste total asumido por el Estado”.
“Una de las principales preocupaciones es la posible manipulación de pruebas”
Junts expresa que una de las “principales preocupaciones” es la “posible manipulación de pruebas” obtenidas a través de tecnologías de vigilancia digital. En este sentido, la exposición de motivos de la iniciativa esgrime que uno de los “mayores riesgos” de estas herramientas es la “facilidad con la que las pruebas obtenidas en las investigaciones policiales pueden ser alteradas sin que los investigados tengan los recursos para impugnar su validez”, especialmente “teniendo en cuenta la presunción de veracidad otorgada a los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad”. Asimismo, advierten que herramientas como Pegasus y Egobox “no están bajo el control exclusivo del Estado”, sino que “dependen de proveedores externos”, hecho que “genera dudas sobre la integridad de los procesos judiciales basados en estas pruebas”.