Junts per Catalunya ha recriminado este jueves ante el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que el fiscal del caso de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), por el cual se juzga a la presidenta suspendida del Parlament, Laura Borràs, "ha pactado con otros acusados rebajas sustanciales" de la pena "a cambio de incriminar" a Borràs. En la Comisión de Justicia en el Senado, el senador de Junts, Josep Maria Cervera, ha señalado que estos supuestos acuerdos entre fiscalía y los otros dos acusados les "preocupa" y ha reclamado a García Ortiz que explicara qué conocimiento tenía. El máximo representante del Ministerio Fiscal no ha querido entrar a valorar en concreto el caso de Borràs y se ha limitado a defender la figura jurídica de la conformidad, por la cual un acusado reconoce los delitos que se le imputan a cambio de una rebaja de la pena.
El inicio del juicio en Borràs el pasado viernes en el TSJC estuvo marcado por un enfrentamiento entre las defensas de los tres acusados. Los letrados Isabel Elbal y Gonzalo Boye, que llevan la defensa de la presidenta de Junts per Catalunya, pidieron la suspensión del juicio por vulneración del derecho de defensa al asegurar que los otros dos acusados, el amigo e informático de Borràs, Isaías Herrero, y el amigo de este, Andreu Pujol, "habían pactado con la fiscalía acusar a Borràs". Elbal llegó a tildar de "coacusadoras" a las otras defensas y afirmó que "habían sido compensadas, bonificadas y pagadas" por la fiscalía para perjudicar a la presidenta de Junts. Aunque hasta ahora no se ha formalizado ningún acuerdo de este tipo, es previsible que la fiscal rebaje la petición de pena a Isaías Herrero si este se autoinculpa y responsabiliza a Borràs del fraccionamiento de 18 contratos cuando era directora de la ILC. Actualmente, la fiscalía pide la misma pena para Borràs y Herrero, de 6 años de prisión y 21 de inhabilitación a cargo público por los delitos de falsedad documental y de prevaricación. Para Pujol pide una pena de 3 años.
Junts ha trasladado la preocupación por estos presuntos pactos al fiscal general del Estado. El senador Cervera ha afirmado que este tipo de acuerdos "pueden llevar a cualquiera a prisión" porque "solo hace falta una buena oferta para encontrar a alguien dispuesto a acusarnos" de lo que haga falta. En respuesta, García Ortiz ha defendido que "la conformidad es un instituto reglado y perfectamente admitido" y ha reivindicado que es "un instrumento eficaz y rápido" que tiene "controles". Sin embargo, sí que ha reconocido que las conformidades se tienen que explicar, y a modo de ejemplo ha señalado a las víctimas de violencia de género que pactan con sus agresores para evitar declarar ante un tribunal.
El fiscal general defiende su interpretación de la malversación
El fiscal general también ha presumido en la comisión de Justicia de que el criterio fijado para interpretar la reforma de la malversación ha sido una "buena respuesta" porque evita "espacios de impunidad". "Todos los atentados contra los caudales públicos tienen en nuestro ordenamiento una respuesta penal", ha enfatizado García Ortiz. Al ser preguntado sobre si "desde el primer momento" dio apoyo a la postura de los fiscales del procés de aplicar la malversación agravada, el jefe del Ministerio Fiscal no ha aclarado si fueron los fiscales del procés o la Fiscalía General del Estado los que se posicionaron primero y solo ha reiterado que "la Fiscalía es una organización que funciona gracias al principio de unidad".