Junts ha registrado en el Parlament de Catalunya una proposición de ley para que las comunidades de propietarios puedan iniciar procedimientos judiciales contra viviendas ocupadas que "alteren la convivencia, el orden público o se ponga en peligro la seguridad o la integridad del inmueble", de la misma manera que ya lo hacen los ayuntamientos, tal como ha avanzado este jueves la ACN. La propuesta de norma, que ha sido admitida a trámite por la Mesa del Parlament este martes, permitiría pedir a los tribunales medidas cautelares como el desahucio de la vivienda.
El documento recoge que la presidencia de la comunidad de vecinos, a iniciativa propia o a petición de una cuarta parte de los propietarios, "tiene que requerir fehacientemente" a quien haga actividades contrarias a la normativa y contra la convivencia que se detenga. Y si se persiste, "la junta de propietarios puede ejercer contra los propietarios y los ocupantes para hacerla cesar". Se tendría que tramitar "de acuerdo con las normas procesales correspondientes", y la demanda tendría que ir acompañada del requerimiento y el certificado del acuerdo de la junta de propietarios. La iniciativa de los de Carles Puigdemont recoge que "la comunidad tiene derecho a indemnización por los perjuicios que se le causen y, si las actividades prohibidas continúan, a instar judicialmente a la privación del uso y disfrute del elemento privativo por un periodo que no puede exceder los dos años".
Comunidades "indefensas"
La diputada juntaire Glòria Freixa ha explicado en declaraciones a la ACN que el objetivo es que las comunidades de vecinos no se vean "indefensas" ante una ocupación conflictiva, para que puedan actuar por iniciativa propia y no depender de los ayuntamientos. En este sentido, ha señalado que a menudo cuando el propietario es un gran tenedor "no hace nada para desocupar" la vivienda conflictiva. "Es evidente que hay un problema, un conflicto, y que se da más a los barrios más vulnerables y con menos recursos. Creemos que ahora habrá grupos que verán la necesidad de que las comunidades de propietarios puedan actuar", ha añadido.
Propuesta del Col·legi d'Advocats que ya fue tumbada
La iniciativa viene de una propuesta que ha planteado el Col·legi d'Advocats de Barcelona y que Junts ha querido llevar al Parlament. Los juntaires ya presentaron una medida similar la pasada legislatura, pero fue tumbada por una mayoría de la cámara en febrero de 2023. Para desplegar esta ley, si se aprobara, habría que modificar el libro quinto del Código Civil y los artículos 5 y 41 de la ley de la vivienda de Catalunya de 2023, para incluir como incumplimiento de la función social de la propiedad el hecho de que grandes tenedores "no inicien las acciones de desahucio en supuestos de alteración de la convivencia, del orden público o se ponga en peligro la seguridad o la integridad del inmueble", precisa Freixa.